Críticas judiciales a que no haya sentencia sobre el Estatuto

Las asociaciones conservadoras de jueces coincidieron ayer con el ministro de Justicia Francisco Caamaño al valorar con "inquietud" la tardanza del Tribunal Constitucional (TC) en emitir una sentencia sobre al Estatuto de Cataluña. Pero las agrupaciones judiciales fueron un punto más allá y criticaron abiertamente la dilación señalando a la presidenta, Maria Emilia Casas, como principal responsable por no haber explicado si hay motivos para ello.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) calificó el retraso como "inaceptable" e "insoportable" y acusó al tribunal de someter el proceso a "dilaciones indebidas". Antonio García, portavoz de la APM, afirmó: "El término más adecuado" para describirlo "es inaceptable" y recordó que se trata "de la sentencia que todo el mundo está esperando" ya que aborda "una cuestión de tantísima trascendencia". García insistió en que el comportamiento de los magistrados de este tribunal ha sido "manifiestamente ineficiente" y eso es "un clamor que está en boca de todo el mundo". También expresó su "temor" a que "en el trasfondo de este retraso las motivaciones políticas estén desempeñando un destacado papel y se estén anteponiendo a razones de naturaleza jurídica y constitucionales que son las que deben prevalecer. Que la sentencia más importante que el Tribunal Constitucional ha tenido que poner en toda su historia esté tardando lo que está tardando es inaceptable desde todos los puntos de vista".

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García advirtió de que "este tribunal, que es el encargado de salvaguardar los principios y valores constitucionales, está vulnerando gravemente uno de esos valores que es el de funcionamiento eficiente y el de tramitación de un proceso sin dilaciones indebidas".

Para la APM, "ha transcurrido tiempo de sobra para que esa sentencia sea conocida por todo el mundo" y "lo peor es que no se ha dado ninguna explicación que justifique el porqué aún no se ha hecho pública". En ese sentido, recordó a la presidenta del TC, María Emilia Casas, "que está desaparecida desde hace mucho", que, entre sus obligaciones, está la de dar una explicación de por qué aún no se ha publicado la sentencia.

El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria (FdV), Marcelino Sexmero, coincidió con la inquietud manifestada por el ministro Caamaño y explicó que, "tres años después, no hay causa que motive que esté tardando tanto en decidir sobre esta cuestión. No me atrevo a decir que son razones políticas, sino una falta de acuerdo", valoró Sexmero, quien recordó que el "Constitucional siempre intenta fallar por unanimidad". "Sorprende que un tribunal que muchas veces en amparo denuncia retrasos indebidos en algún proceso ahora lleve tanto tiempo para fallar una sentencia", dijo.

El vicepresidente de la Generalitat Josep Lluís Carod Rovira, se refirió también al retraso de la sentencia sobre el Estatuto para preguntarse "si tiene sentido que en una ley aprobada por referéndum por la ciudadanía catalana puede intervenir el Tribunal Constitucional". A continuación, Carod cuestionó el equilibrio actual de poderes y planteó que "probablemente hay una desproporción entre el peso del poder judicial respecto al legislativo y el ejecutivo. Hay estamentos del Estado que necesitan un proceso de modernización muy intensa y el estamento judicial es el que necesita una actualización más grande".