El Consejo de Estado, contrario a que la TDT de pago se regule por decreto

El Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, ha emitido un informe en el que se pronuncia en contra de la regulación de la Televisión Digital Terrestre (TDT) de pago mediante real decreto, como pretende el ministro de Industria, Miguel Sebastián. Dicho dictamen, preceptivo pero no vinculante, establece que una modificación semejante de las reglas del juego del modelo audiovisual español requiere una tramitación por ley. Sería la manera de que el Parlamento pudiera debatir una reforma que afectará a todo el sistema audiovisual.

El borrador del real decreto sobre la TDT de pago fue presentado por sorpresa a mediados de junio en el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (CATSI), organismo vinculado al departamento de Industria. Sebastián está llevando a cabo una intensa labor dentro del Ejecutivo para que finalmente la TDT de pago se apruebe en el Consejo de Ministros previsto para mañana, jueves. Sin embargo, ayer estaba fuera del orden del día de una reunión extraordinaria del Ejecutivo prevista para adoptar nuevas medidas contra la crisis -entre ellas, el pago de un subsidio de 420 euros para los desempleados que no cobran ninguna prestación- y realizar un seguimiento de las que ya están en marcha.

Dentro del Ejecutivo hay división sobre la oportunidad y necesidad de regular la TDT de pago de urgencia y mediante real decreto. De hecho, el Gobierno ha presentado hace apenas un mes un anteproyecto de Ley General Audiovisual, que se tramitará en el futuro, con el que pretende agrupar toda la legislación en materia de radio y televisión y en el que aparece la TDT de pago como una de las nuevas formas de televisión. Miembros del Ejecutivo temen que, ante la hipotética presentación de un recurso y en vista del dictamen del Consejo de Estado, los tribunales puedan tumbar el decreto.

Presiones

Fuentes del sector afirman que el titular de Industria está cediendo a las presiones del primer operador que presentó su solicitud para ofrecer los servicios de TDT de pago (La Sexta, que pretende explotar el canal Gol TV con la retransmisión de partidos de fútbol de Liga, Copa del Rey y Champions League) y los fabricantes de descodificadores, que verían en la medida la oportunidad de hacer un buen negocio. De los 18 millones de sintonizadores vendidos en los últimos años para recibir la televisión digital terrestre, se calcula que apenas el 2% está preparado para captar señales de acceso condicional.

Algunos operadores de televisión de pago, como Ono y Sogecable (empresa propiedad de PRISA, editora de EL PAÍS), no se oponen a la TDT de pago, pero consideran que su aprobación en estos momentos sería una ilegalidad, ya que altera las reglas del juego del sector, y no se justifica por razones de urgencia o de interés general. Ésta es la línea argumental de las alegaciones presentadas por ambas empresas ante el Consejo de Estado y el Consejo Asesor de las Telecomunicación.

Ono, que explota la televisión por cable, considera que el texto cambia las reglas del juego porque "modifica las condiciones expuestas cuando se otorgaron las concesiones para emitir en TDT". Las licencias de Net TV (Vocento), Veo TV (El Mundo) y La Sexta establecían que sus emisiones debían ser en abierto. Por su lado, Sogecable sostiene que el borrador de real decreto "conculca la legalidad, no responde a ninguna demanda social y es un atropello".