Editorial:
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Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Somatén italiano

Las patrullas ciudadanas y el delito de inmigración agreden al Estado de derecho

Desde el sábado, la inmigración ilegal es delito en Italia. Se trata de una de las medidas contempladas en el paquete de seguridad impulsado por el ministro del Interior, Roberto Maroni, y exhibido como una iniciativa estrella por el primer ministro Berlusconi. No es la única, sin embargo: además de crear un nuevo delito, la normativa que ha empezado a aplicarse legaliza la creación de patrullas de vigilancia compuestas por voluntarios.

Las agresiones del Gobierno italiano al Estado de derecho no pueden dejar indiferente a nadie, entre otras razones porque están sirviendo de inspiración a partidos populistas en toda Europa. Convertir la inmigración ilegal en delito nada tiene que ver con la búsqueda de soluciones para la semiesclavitud en la que se encuentran decenas de miles de extranjeros en los países desarrollados ni con el desmantelamiento de los nichos de corrupción que ha favorecido la economía sumergida; tiene que ver, por el contrario, con la voluntad de señalar un chivo expiatorio para los problemas que atraviesa Italia y que no son distintos de los que padece el resto de los países europeos.

La prueba es que, antes de aplicar la nueva ley, Berlusconi y su ministro del Interior se han visto forzados a prever una regularización masiva de sin papeles, presionados por sus propios votantes y algunos de los dirigentes más destacados de la coalición. El Gobierno italiano se ha colocado, así, en una posición contradictoria, en la que se advierte la dimensión estrictamente propagandística de la iniciativa: considera que la inmigración ilegal es un comportamiento tan intolerable como para exigir una ley penal y, al mismo tiempo, tan corriente como para sobreseerlo antes de aplicársela.

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También forma parte del arsenal del populismo la decisión de crear patrullas de voluntarios para combatir la inmigración ilegal u otros delitos, sean antiguos o de nueva creación. Velar por el cumplimiento de las leyes y por la seguridad de los ciudadanos son responsabilidades que los Estados de derecho no pueden delegar en nadie, y menos aún en un cuerpo de somatenes. Las tasas de criminalidad no experimentarán mejoras sustanciales por la colaboración de los voluntarios, pero, en cambio, la presencia de éstos en las calles italianas puede generalizar la sensación de que el país vive un clima de excepción. Precisamente el que más conviene a los proyectos populistas.

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