Llegó Chávez y mandó a callar

El estupor de José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, directivos de Human Rights Watch (HRW) fue enorme cuando, a las 22.15 del 18 de septiembre del pasado año, se abrieron las puertas automáticas de su ascensor en el piso 14º del hotel Meliá Caracas. Los dos responsables de la ONG con sede en Washington se toparon en el rellano de la planta de sus habitaciones con un grupo policial, que les deslumbró con las luces de una videocámara, y un pelotón de doce hombres armados: militares y civiles, pistola en el cinto o en la sobaquera. Campanudo, engolando la voz, el portavoz del pelotón les sacó del asombró con un edicto: "¡Señor Vivanco! ¡Señor Wilkinson!, en mi calidad del director de derechos humanos del Gobierno bolivariano de Venezuela les comunico su expulsión del país con carácter inmediato".

La Constitución de 1999 amplió la protección de los derechos humanos, pero el oficialismo desvirtuó su contenido

"La prensa privada es al Gobierno venezolano lo que ETA al Gobierno de España", según Villalta, diputado chavista

"Globovisión es el único canal venezolano que informa de lo bueno y de lo malo", afirma su director, Federico Ravell

¿Cuál había sido su delito? Ese mismo día, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, y su subdirector, Daniel Wilkinson, habían presentado en conferencia de prensa el informe de 267 páginas titulado Una Década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela. En lugar de promover las libertades públicas y sus mecanismos de protección, el Gobierno ha actuado durante diez años en sentido contrario: sacrificando garantías fundamentales, en función de sus intereses políticos, según la denuncia de Vivanco. Diez meses después de su expulsión, con la fiscalía pidiendo medidas más duras contra los "delitos mediáticos", y recientemente cerradas 34 emisoras de radio opositoras, el director de HRW sostiene lo mismo: "El Gobierno de Chávez respeta la libertad de expresión, los medios y las instituciones democráticas, incluyendo el poder judicial, en la medida en que le sean funcionales".

La noche del 18 de septiembre, los dos directivos fueron embarcados en un avión de Varig rumbo a Sao Paulo, acusados violentar la Constitución y las leyes de una república en permanente crispación desde la entrada en vigor, hace un decenio, de una Asamblea Constituyente dotada de los poderes originarios que revolucionaron el mapa nacional. "Nuestra expulsión fue a ratos como una opereta", recuerda Vivanco. "Protestamos por la arbitrariedad, reclamamos nuestros derechos, la protección consular, y una llamada nuestras embajadas, pero no nos fue permitida". Uno de los policías de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención) les señaló las maletas colocadas frente a los ascensores: "Se acabó la discusión y nos vamos al aeropuerto". "Déjenos al menos empacar", les pedimos. No hizo falta: ya lo habían hecho ellos. Pero como los pasaportes se habían quedado en la caja de seguridad de la habitación, todos volvieron a las habitaciones.

El chileno Vivanco y el estadounidense Wilkinson aprovecharon el momento para tratar de llamar por sus móviles. No pudieron hacerlo pues los policías se les echaron encima. "Ahí se terminó el trato más o menos cordial", recuerda. A empujones fueron conducidos al ascensor de servicio. Pero eran tantos en un habitáculo tan pequeño, y Vivanco, con los brazos doblados detrás de la espalda, forcejeaba de tal manera para liberarse y recuperar el móvil, que el ascensor se paró entre la séptima y la octava planta. "Nos rescataron desde fuera y salimos arrastrándonos". Una comitiva de automóviles y motocicletas partió velozmente hacia las pistas del aeropuerto internacional de Maiquetia desde los sótanos del hotel. "La expulsión es una muestra de intolerancia ante expresiones críticas que son esenciales para la democracia", protestó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La situación padecida aquella noche por los dos delegados de Human Rights Watch sintonizaba con las conclusiones de su informe: la Constitución venezolana de 1999 amplió significativamente la tutela de los derechos humanos, menoscabados durante decenios, pero buena parte de sus enunciados quedaron en pura retórica debido al uso instrumental de las instituciones y a la discriminación política aplicados por el Ejecutivo contra una oposición comprometida en el pasado, desde sus flancos más radicales, con los sectores castrenses dispuestos al cuartelazo. La confrontación se manifestó casi irreversible a partir de los fallidos golpes del año 2002: uno de ellos defenestró a Chávez durante 48 horas y el otro a punto estuvo de apartarlo del poder mediante la prolongada paralización de la industria petrolera.

Pero el ex teniente coronel de paracaidistas, que ha desdibujado peligrosamente los límites entre Estado, Gobierno y partido, se repuso y pasó a la ofensiva: colocó en 2004 a magistrados afines en el Tribunal Supremo, su partido copó los 167 escaños de la Asamblea Nacional al no concurrir la oposición a las elecciones legislativas de 2005, y desde entonces la concentración de poderes y las leyes a la medida apenas encontraron resistencias.

La victoria del referendo del pasado mes de febrero permitirá a Chávez optar a la reelección indefinida y tratar de consolidar un régimen que reduce los espacios de debate a la oposición, acelera las nacionalizaciones, empequeñece el sector privado y carga contra los medios de comunicación acusados de "envenenar al pueblo".

Contrariamente a lo ocurrido durante la furibunda polarización del pasado reciente, las emisoras ahora clausuradas no lo fueron por incitar al violento derrocamiento del jefe del Ejecutivo. Globovisión es una cadena de televisión que podría situarse políticamente en el centroderecha, al igual que cinco de las 34 emisoras cerradas (aquellas pertenecientes al grupo CNB, dirigido por el empresario Nelsón Belfort). El resto pertenece a diferentes propietarios, hasta veinte, y son abiertamente críticas en sus espacios editoriales, pero no golpistas.

Sin embargo, no importa tanto el grado de virulencia de los eslóganes y programas difundidos como el alcance de sus ondas. Hugo Chávez desbroza el camino y pisa a fondo el acelerador de su cruzada contra el capitalismo y las "viejas estructuras del estado burgués", cuya demolición necesita para instaurar en Venezuela el socialismo del siglo XXI: un modelo de producción controlado por el Estado mediante la promulgación de "leyes inexorables, revolucionarias".

Según Teodoro Petkoff, editor del diario TalCual, ex ministro y ex candidato a la presidencia, la radicalización de Chávez contra los medios de comunicación y la restricción de derechos civiles, políticos y económicos consagrados en la Constitución de 1999 sólo conduce al incremento de la conflictividad en el país. "Chávez no está actuando en el vacío", dice. "Está actuando frente a un país que no está ni anestesiado ni resignado ni asustado, sino que frente a cada una de sus medidas produce una resistencia que obliga al presidente a veces a tener que retroceder". El Gobierno sabe, según el editor, que hay una opinión pública nacional y un entorno internacional que están reaccionando.

"¿Que han cerrado 34 emisoras? Sí, pero en medio de un clima de protesta nacional". ¿ Chávez es un dictador o lleva camino de serlo? Petkoff afronta a diario esta pregunta. "Si las definiciones importan para algo, para mí este es un régimen con un autoritarismo muy marcado, más marcado que antes; autocrático, porque todos los poderes están en su puño; militarista y con una vocación totalitarista. Pero que no ha logrado vencer al país todavía".

El presidente bolivariano apretó el acelerador, pero una parte de la sociedad y de la comunidad internacional le obligaron, al menos en las últimas semanas, a reducir la velocidad en su recorrido hacia el control de los medios estratégicos de producción, incluyendo la prensa, a costa de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos.

El entramado legal en curso para conseguirlo incluye proyectos que estudia la Asamblea Nacional o ya fueron aprobados: la Ley de Propiedad Social, que agiliza las expropiaciones de empresas; la reforma a la Ley de Educación, para establecer un sistema de formación socialista; la reforma del Código Penal, para legalizar la intervención de comunicaciones privadas por razones de seguridad, y la Ley Electoral, aprobada el 31 de julio pasado, que modifica el sistema de elección proporcional para que con un 60% de los votos pueda obtenerse un escaño del Parlamento.

Ha suscitado un rechazo generalizado la Ley contra Delitos Mediáticos, propuesta el 30 de julio pasado por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz,con penas de hasta cuatro años de cárcel para quien divulgue noticias que atenten contra la seguridad del Estado, en combinación con la salida del aire de las 34 emisoras por orden del Gobierno el 1 de agosto. Desde el Colegio Nacional de Periodistas hasta del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de estados Americanos (OEA) la han calificado como una violación sin precedentes a la libertad de expresión, que pone en duda el talante democrático del Gobierno de Hugo Chávez. El escándalo llevó a la Asamblea Nacional a negar la existencia de un proyecto de Ley contra Delitos Mediáticos, pero no descarta la posibilidad de legislar para acabar con lo que el Gobierno califica como "terrorismo mediático".

Para el diputado Manuel Villalba, presidente de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, encargada de redactar tales leyes, los medios de comunicación privados son al Gobierno venezolano lo que ETA es al Gobierno de España -terroristas- y que combatirlos: "El terrorismo mediático es una acción violenta de naturaleza política que tiene como finalidad atentar contra las instituciones legalmente constituidas", afirma. "En el caso de España, el Gobierno español califica a ETA de terrorista, la persigue, los encarcela, porque tiene una acción destinada a crear miedo, terror, con un fin político". Villalba agrega que los medios de de comunicación venezolanos hostiles al Gobierno tienen una postura similar. "Si bien es cierto que aquellos usan armas, balas, fusiles, ametralladoras, tanques, explosivos, no es menos cierto que el poder de penetración de los medios en cualquier parte del mundo hoy es infinito, con una capacidad de destrucción inmensa, incalculable".

La prueba irrefutable de que los medios de comunicación se han convertido en "partidos políticos" que buscan "desestabilizar" al Gobierno, a juzgar por el presidente de la comisión parlamentaria, es el titular de El PAÍS que lee a continuación el diputado: "Partidarios de Chávez atacan los estudios de una televisión opositora". Villalba no hace hincapié en la identidad de los atacantes, entre ellos la dirigente chavista Lina Ron, posteriormente detenida, sino en la supuesta militancia política del canal de noticias privado Globovisión, que fue atacado el lunes, 3 de agosto con armas cortas y bombas lacrimógenas por militantes del partido Unión Popular Venezolana, aliado del Gobierno. "¿La televisión y la radio para qué son? ¿Para ser un servicio público o para ser partidos de oposición? Son para informar con veracidad y objetividad", argumenta Villalba. No obstante, reconoce que las emisoras del Estado han cometido el mismo pecado de parcialidad, obligadas por los conspiradores, en su defensa del Gobierno.

Globovisión, bautizada como Globoterror por el oficialismo, y amenazada también con el cierre, es una cadena de noticias que transmite en señal abierta en sólo dos ciudades del país -Caracas y Valencia- y por cable en otras ciudades. Su penetración en los sectores populares, cantera electoral de Hugo Chávez, no es comparable con la disfrutada por el canal Radio Caracas Televisión y las 34 emisoras de radio que han sido clausuradas por órdenes del Gobierno el 26 de mayo de 2007 y el 1 de agosto de 2009, respectivamente. Su director, Alberto Federido Ravell, está convencido de que cada día más chavistas sintonizan su señal: "Globovisión empezó a hablarle al público de Chávez porque es el único canal venezolano que le informa al país y al mundo sobre lo bueno y lo malo que pasa en Venezuela. Porque a los chavistas que tienen denuncias no les permiten hablar en los canales oficiales". Ravel agrega que Globovision se ha convertido en una tribuna de denuncias para opositores y oficialistas críticos. "El Gobierno sufre mucho cuando ve a un miembro de su partido en nuestras pantallas haciendo una denuncia", concluye Ravell.

La denuncia y el choque político han sido una constante durante los mandatos de Chávez, metafóricamente investido en 1998 a los acordes de la copla Llegó el comandante y mando a parar que el trovador cubano Carlos Puebla dedicó a Fidel Castro en 1959. El comandante Chávez mandó a callar al viejo bipartidismo, pero sus invocaciones al silencio acabaron alcanzando a la prensa crítica al amparo de las leyes y de la nueva y alarmante propuesta efectuada hace poco días por la Fiscalía General, de momento congelada.