Aclaración
Los artículos titulados: La pista de las FARC lleva hasta Ecuador. El dinero perdido de las FARC y Turbulencias en la región andina, publicados los días 2 y 3 de agosto, contienen afirmaciones que no corresponden a la realidad y que no han sido contrastadas con ninguna fuente oficial, dando credibilidad a personajes vinculados a grupos irregulares, en detrimento de una política frontal de combate contra grupos irregulares y el narcotráfico. El Gobierno del Ecuador rechaza esas afirmaciones que menoscaban la imagen de seriedad y rectitud de los procedimientos del Ecuador, como Estado, y contribuyen a exacerbar los problemas en las relaciones entre dos pueblos hermanos.
Los artículos señalan que las FARC mantienen una tradición intervencionista en la política ecuatoriana, afirmación que no resiste el menor análisis y que desconoce los esfuerzos realizados por el Ecuador en la consolidación de un sistema democrático basado en la soberanía popular, en un irrestricto respeto a los derechos humanos y una tradicional vocación pacifista que guía la política de relaciones exteriores.
El presidente Rafael Correa ha señalado claramente que no tuvo, ni tiene vínculos con las FARC y que su Gobierno rechaza y combate la presencia de fuerzas irregulares en Ecuador, hecho plenamente verificable. Desde el año 2005 hasta lo que va del presente año, el Ecuador ha destinado 170 millones de dólares para realizar 890 operaciones, que han involucrado la participación de más de 40.000 efectivos militares y policiales, logrando la destrucción de 331 instalaciones clandestinas de grupos irregulares en suelo ecuatoriano.
Los organismos especializados de Estados Unidos y Europa concuerdan en sus informes anuales en que el Ecuador es uno de los países con mayor efectividad en la lucha contra el narcotráfico, tanto en captura de narcóticos y precursores como en la desarticulación y persecución de bandas organizadas.
Tampoco toman en cuenta dichos artículos que Ecuador es el país receptor más importante de refugiados colombianos del mundo, a consecuencia de la violencia imperante en ese país. El Gobierno ecuatoriano, fiel a sus compromisos internacionales, y con el apoyo del ACNUR, ha otorgado el estatus de refugio a cerca de 30.000 colombianos, de un total de 135.000 demandantes, que de este modo han podido salvar sus vidas y tener un futuro seguro.
Por otro lado, el Gobierno del Ecuador ha sido claro en señalar que no ha enviado ningún emisario ni ha recibido aportes de grupos irregulares, y que todas las cuentas de la campaña fueron oportunamente aclaradas en el Tribunal Supremo Electoral.
Es lamentable que estos artículos hayan sido publicados en medio de una campaña mediática emprendida en contra del Gobierno del Ecuador; campaña que pretende soslayar un hecho incontrastable e incontrovertible, como fue la agresión a la soberanía e integridad territorial ecuatoriana, por parte del Ejército colombiano, el 1 de marzo de 2008, acción que fuera unánimemente condenada por la comunidad internacional.
