Turbulencias en la región andina

El descubrimiento de sofisticados lanzacohetes del Ejército venezolano en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los vínculos de esa guerrilla con Ecuador y la negociación entre Bogotá y Washington para el uso de bases colombianas amenazan con desatar en la región andina una crisis sin precedentes, en un momento en el que la Organización de Estados Americanos (OEA) está siendo cuestionada como instancia mediadora.

La guerrilla colombiana, cada vez más debilitada, se ha convertido paradójicamente en el gran factor de desestabilización regional al haber asentado en los países vecinos, gracias a complicidades políticas, sus redes de retaguardia, abastecimiento de armas y tráfico de cocaína.

El hallazgo, en un zulo del Frente 43 de las FARC, de cinco lanzacohetes AT-4 de fabricación sueca, capaces de destrozar blindados o instalaciones fortificadas, ha disparado las alarmas en Colombia. Unos correos electrónicos de los ordenadores incautados a Raúl Reyes, número dos de la guerrilla, daban cuenta, en enero de 2007, de que los generales venezolanos Hugo Carvajal, jefe de Inteligencia Militar, y Clíver Alcalá, hombres de confianza de Hugo Chávez, habían hecho llegar a las FARC "cohetes antitanque de 85 milímetros". Las piezas empezaban a encajar. "Les dimos a los suecos los números de serie", explica una fuente de Defensa de Colombia. "El 20 de junio nos confirmaron que esas armas habían sido vendidas al Ejército venezolano. Está claro que las desviaron".

Suecia aún espera las explicaciones de Chávez. Del lado ecuatoriano, un vídeo del jefe militar de las FARC, el Mono Jojoy, difundido la pasada semana, confirmaba la entrega de fondos a la campaña electoral del presidente Rafael Correa, que también consta en los ordenadores de Reyes.

Una vez más contra las cuerdas, Chávez y Correa optaron por la estrategia de defenderse con un buen ataque. Los improperios contra el Gobierno colombiano encontraron su mejor asidero en la decisión de Bogotá de permitir el uso de bases militares a su principal aliado, Estados Unidos, para compensar el cierre de la base ecuatoriana de Manta.

Chávez congeló las relaciones con Bogotá, y Correa, que había roto los lazos diplomáticos en 2008, tras el ataque contra el campamento de Reyes en Ecuador, le declaró la guerra comercial e impuso aranceles a más de 1.300 productos. Ambos han iniciado una ofensiva en los foros latinoamericanos para aislar a Colombia, a la que definen como "la principal amenaza para Suramérica".

"Quito y Caracas usan el tema de las bases como una cortina de humo", dice el analista colombiano Alfredo Rangel. "El acuerdo supone dar mayores facilidades de acceso en cinco bases a los norteamericanos, que ni siquiera van a incrementar sus fuerzas".

Bajo el fuego graneado de unos vecinos hostiles, el Gobierno de Colombia, que ha mantenido hasta ahora una línea de apaciguamiento, analiza la posibilidad de demandar a Chávez y a Correa en los tribunales internacionales por su apoyo a una narcoguerrilla considerada terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.

Hasta ahora, ha sido Ecuador quien ha presentado demandas contra Colombia por la fumigación de cultivos ilegales en la frontera y por el bombardeo que acabó con la vida de Raúl Reyes y otras 25 personas. No sólo eso: la fiscalía ecuatoriana ha puesto todo su empeño en detener, por aquel ataque, a Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia y potencial candidato a la presidencia. Interpol ya ha rechazado la orden de captura emitida por el juez Daniel Méndez, que se ha destacado por dejar en libertad a connotados miembros de las FARC detenidos en Ecuador.

La ofensiva contra Santos ha colmado la paciencia de Colombia. La oposición ha cerrado filas en torno al Gobierno y al ex ministro, y cada vez más voces reclaman una actuación contundente del Ejecutivo de Álvaro Uribe, que pasaría por acusar formalmente a Caracas y a Quito de violar las resoluciones de la ONU.

La UE ha dado su respaldo a Uribe, pero poco puede hacer en la crisis. El ofrecimiento de mediación de José Miguel Insulza, secretario general de la OEA, es visto con recelo. El organismo americano tiene en su poder todo el material confiscado a las FARC, y en ámbitos oficiales colombianos se echa en falta "una actuación más clara". Un reciente editorial de la influyente revista Semana vapuleaba a Insulza por su papel en la crisis hondureña y le acusaba de ser un "pésimo negociador" y de estar más preocupado por mantener el apoyo de Chávez y el eje bolivariano para garantizar su reelección al frente de la OEA.