La saturación de las medidas alternativas provoca ya la prescripción de penas

Ya han empezado a prescribir algunas penas menores en Cataluña. Una proporción muy pequeña, pero hasta ahora era un fenómeno insólito. Por extraño que pueda parecer, se trata de un hecho que esconde una realidad saludable.

El Departamento de Justicia de la Generalitat impulsa desde hace tiempo las medidas penales alternativas, de manera que en condenas pequeñas el juez pueda acordar el cumplimiento sin que el afectado entre en prisión. Se trata, en definitiva, de que el delito no le salga gratis a quien lo comete, pero para que el juez acuerde una alternativa a la cárcel, la Administración ha de poner a su alcance un catálogo de centros en los que pueda acudir el preso a cumplir. Eso obliga a la Administración a buscar convenios con entidades y asociaciones de todo tipo, de manera que desde hace años hay más demanda que oferta.

Como los jueces de los juzgados de ejecutorias conocen esa alternativa a la cárcel, la utilizan de forma mayoritaria, en lugar de dictar una condena deunos meses de prisión que en la práctica no se cumple. Así, por ejemplo, en el primer semestre de este año, los jueces reclamaron de la Generalitat 7.908 medidas penales alternativas, frente a las 4.743 del mismo periodo del año anterior o las 2.866 del primer semestre de 2007.

El gran incremento de peticiones se ha producido a partir de la reforma del Código Penal, que considera delito actuaciones que antes no lo eran, de manera que así se explica que 5.939 de esas peticiones tengan su origen en ese hecho.

El agravamiento de esa reforma legal explica también que en las prisiones de Cataluña haya 107 presos cuyo delito principal está relacionado contra la seguridad en el tráfico y otros 447 reclusos que, entre otros delitos, también están acusados o condenados por esa materia.

"En el resto de España no prescriben las penas porque no se aplican las medidas penales alternativas", dijo ayer de forma contundente la consejera Tura.Después precisó que se han producido 86 prescripciones de un total de 16.000 sentencias y que, en muchos casos, los jueces han dictado las prescripción mientras se estaban cumpliendo la pena, por lo que en realidad nunca debería haber prescrito. En cualquier caso, esas prescripciones delatan, una vez más, la deficiente coordinación que existe entre los juzgados y la Administración de justicia, porque un sistema informático eficiente y que permitiera el acceso común a la base de datos evitaría muchas disfunciones que actualmente ocurren.