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Reportaje:

El cuarto pilar del bienestar está cojo

Los servicios sociales carecen de financiación básica estable y de una ley estatal que los consolide - Con la crisis, la necesidad está llamando a una puerta equivocada, la del trabajador social

Los servicios sociales son el cuarto pilar del Estado de bienestar, junto a la sanidad, las pensiones y la educación. Pero todos los indicadores de cobertura social en España están por debajo de la media de los países de la UE-27. ¿Por qué? Hay dos razones de carácter histórico cultural: el franquismo, que perpetuó la beneficencia y la caridad décadas después de que en Europa se fueran consagrando los derechos sociales; y la mentalidad que eso ha dejado en varias generaciones, que renuncian a ejercer sus derechos porque no quieren aparecer como menesterosos o abandonados por la familia.

Es un gran reto para el Estado. En épocas de bonanza económica, las autoridades a duras penas cubren las necesidades sociales de sus ciudadanos. En medio de la crisis, con las arcas públicas menguadas y un número creciente de usuarios desasistidos, ¿aguantará el Estado de bienestar? No va a ser fácil. Hay agujeros en las políticas actuales: no hay una ley estatal de servicios sociales que articule todo el sistema y falta un modelo de financiación para las entidades locales -ayuntamientos y diputaciones- que dé estabilidad presupuestaria. Los municipios siguen aportando el 60% del presupuesto para servicios sociales básicos.

Los municipios pagan el 60% del total de los fondos que manejan

Muchos renuncian a sus derechos por no aparecer como menesterosos

"Las leyes están, faltan los recursos", afirma Patrocinio de las Heras

No hay un pueblo donde na vaya un asistente social una vez por semana

A pesar del retraso sobre el resto de Europa, en España ya hay mucho camino recorrido y la mayoría de las comunidades autónomas empiezan a reconocer tímidamente en sus últimas leyes los derechos sociales como derechos subjetivos, es decir, que los ciudadanos pueden reclamarlos en los tribunales.

En este escenario se aprobó hace dos años y medio la Ley de Dependencia, que ha supuesto "un hito histórico porque consagra derechos subjetivos. Por primera vez en España, una ley estatal garantiza un mínimo de protección para todos los ciudadanos", resume Gustavo García Herrero, jefe de sección de Inserción Social y Albergue Municipal de Zaragoza. García Herrero fue asesor ministerial en los ochenta, cuando se sentaban las bases del sistema de servicios sociales.

Pero la Ley de Dependencia, por más que importante, es sólo una parte de los servicios sociales. Porque, como recuerda constantemente el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, "todas las personas en situación de dependencia son usuarios de servicios sociales, pero no todos los usuarios de servicios sociales son personas dependientes".

En todo caso, la Ley de Dependencia -de nombre real Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia- es el modelo para el sistema social, por la consolidación de los derechos subjetivos. Lo que más nos acerca a Europa.

Cada mañana, Pilar Serrano ocupa su puesto en la oficina de la trabajadora social de Tauste (Zaragoza), un pueblo de algo más de 7.000 habitantes. Y pasa consulta. "Una de las principales ocupaciones actuales es la dependencia, la gente que viene a solicitar una ayuda de la ley. Los problemas ya los tenían hace tiempo, pero ahora les podemos ofrecer la recetica", se ríe. Ríe siempre, una de las condiciones indispensables para este colectivo, el buen humor, según dicen. "Yo ya sabía lo que les pasaba, les conozco de hace años y puedo redactar su plan individual de atención casi sin verlos", dice Serrano. Pero en 1985, cuando ella empezó, la gente reclamaba cosas sencillas, "como el abono del teléfono". Entonces, los asistentes sociales eran más animadores socioculturales e impulsores del asociacionismo.

En efecto, el perfil de la persona que se acerca a la consulta del trabajador social ha cambiado con los años. Serrano recibe entre 20 y 30 visitas diarias. Ahora, la gente es consciente de sus derechos y sabe adónde hay que acudir para ejercerlos, como el que va al médico cuando le duele algo, muy distinto de lo que ocurría hace décadas. "Eso es fundamental en los servicios sociales, un buen sistema de información, porque de poco serviría tener derechos si la gente no sabe que existen o cómo acceder a ellos", explica José Manuel Ramírez.

La red social es, en la actualidad, la más descentralizada de todas las existentes en España. "En los ochenta no había un pueblo que no tuviera su maestro, el médico y el cura; ahora eso ya no es así, ciertos servicios se han ido concentrando en las cabeceras de comarca, sin embargo, la red de servicios sociales de atención primaria es la más descentralizada de servicios públicos del país: no hay un pueblo donde no llegue el trabajador social al menos una vez a la semana. Y esa extensión en el territorio, la proximidad a las personas, es una de las mayores fortalezas del sistema", explica García Herrero.

Sólo trabajadores sociales hay unos 27.000. A ese batallón hay que sumar otros perfiles profesionales, psicólogos, animadores, auxiliares de hogar, educadores, terapeutas, que ponen los nombres y apellidos a este cuarto pilar del bienestar.

Adelina Laiz es auxiliar de hogar y trabaja en San Andrés de Rabanedo (León). Ayuda, por lo general, a ancianos en las tareas que ya no pueden hacer, pero también da compañía y conversación a gente más joven, como una mujer de 59 años con trastorno bipolar. Hace la limpieza, va a la compra. "Me gusta lo que hago, les coges cariño, son agradecidos", afirma esta mujer de 41 años que ahora se va a apuntar a un curso de lenguaje para sordos, porque también atiende a uno de ellos.

La profesionalización de estos cuidados, de siempre en manos de las mujeres de la familia, sobre todo en los países mediterráneos, es ahora una esperanza para combatir el paro, incluso un buen yacimiento de empleo más allá de la crisis actual.

Pero hay que detenerse en la crisis y en la financiación de los servicios sociales. Porque la recesión económica está saturando los ya de por sí magros recursos del sistema. Lo saben bien los trabajadores sociales, que estos meses reciben en sus consultas las peticiones económicas de familias en paro a las que no les llega para alimentar a sus hijos.

Y lo reconoce el Gobierno: "La coyuntura económica exige esfuerzos para cubrir las vulnerabilidades sociales que se producen en época de crisis", dice el secretario general de Política Social, Francisco Moza.

Sin embargo, ésa no es la función de los servicios sociales, sino la de asegurar la convivencia personal y social a personas que por distintos motivos (discapacidades físicas o psíquicas, desestructuración familiar, inmigración, drogas, cárcel, aislamientos, exclusión) no pueden desarrollarla adecuadamente.

"Mientras falte un sistema de garantía de ingresos mínimos, los servicios sociales se colapsarán", explica Gustavo García Herrero. Es lo que está pasando. "No podemos dar una vivienda a quien no la tiene, ni un empleo, eso corresponde a otras áreas, a otras políticas; lo que sí hacemos es asesorarlos para que lo encuentren y sepan mantenerlo", añade. El último congreso de trabajo social, celebrado en Zaragoza, expuso una conclusión primordial: el Estado debía garantizar unos ingresos mínimos a quienes no los perciben (parados, jóvenes) si espera que los servicios sociales sigan a flote.

Por eso es fundamental para la consolidación del sistema de servicios sociales una ley que consagre derechos, que luego se materializarán en recursos. Si el Estado impone como obligatoria la educación de 6 a 16 años, está obligado a garantizar de forma gratuita la escolarización en esas edades. Pues lo mismo en servicios sociales. Pero, salvo la Ley de Dependencia, no hay muchos derechos garantizados en este terreno, de tal forma que los ayuntamientos y las comunidades autónomas parchean como pueden las nuevas necesidades económicas de la gente.

Los municipios siguen aportando al sistema el 60% del presupuesto para servicios sociales, alrededor de un 30% las comunidades autónomas, y el Gobierno apenas el 10% restante. Francisco Moza reconoce el retraso histórico respecto a Europa, pero insiste en que se está haciendo un gran esfuerzo, y aporta unos datos: "Éste es el quinto año consecutivo en que los Presupuestos Generales del Estado dedican más del 50% a política social". Es cierto, pero ahí se incluyen educación, sanidad... "Es fundamental, como demuestran algunas encuestas entre mayores y la importancia que conceden a la salud, que haya una buena coordinación entre la sanidad y la política social", rebate Moza. Y prosigue: "En los últimos seis años, la teleasistencia se ha multiplicado por tres y tanto la ayuda a domicilio como las plazas en centros de día y residencias han experimentado un gran incremento".

Ésa es la actualidad. Ahora, un poco de historia reciente. Patrocinio de las Heras es la memoria de los servicios sociales en España, porque ella fue la directora general de Acción Social en el Ministerio de Trabajo en 1987, cuando vio la luz el Plan Concertado, la vía de financiación de los servicios sociales en ayuntamientos y diputaciones. "Habíamos transferido a las autonomías de forma integrada servicios dispersos en distintas administraciones. Y las comunidades fueron redactando sus primeras leyes de servicios sociales donde reconocían algunos derechos". Con el común denominador de todas ellas se firmó el Plan Concertado, que se nutre de fondos del Gobierno, de las autonomías y de los propios ayuntamientos. En total ese plan cuenta con 829.831.970 euros (algo más, porque éstos son datos de 2005. No hay nada publicado más actualizado). El Gobierno aportó en los últimos presupuestos 96 millones de euros, lo mismo que ha costado al Real Madrid el fichaje de Cristiano Ronaldo (94 millones). Sumar a eso lo del brasileño Kaká sería de sonrojo.

Patrocinio de las Heras cree que en la actualidad el sistema está "desarrollado por completo a nivel legislativo, y respecto a la gestión también hay leyes sectoriales de todo tipo, de adopción, sobre infancia, malos tratos...". Pero lo que no hay, dice, son los recursos necesarios para garantizar la cobertura. "Está la casa, pero aún le faltan profesionales y otros recursos. La red más desarrollada es la municipal". De las Heras critica la falta de impulso de que ha adolecido el sistema en los últimos tiempos. "En 1998 hubo un nuevo esquema del Plan Concertado para inversiones en nuevos centros que no se ejecutó, no se han desarrollado plantillas interprofesionales y los mapas de servicios sociales se van muriendo". Recuerda cómo en los ochenta, en cada plan de ordenación urbanística para levantar un nuevo barrio, se reservaban espacios para equipamientos de servicios sociales, como se reservan terrenos para hospitales o colegios.

Pone un ejemplo: "Centros de recuperación para mujeres maltratadas, como el de Ana María Pérez del Campo en Madrid. Debería haber muchos más". Cree, sin embargo, que sectorialmente se ha ido avanzando, es decir, centros de día, residencias para personas con discapacidad, modernos geriátricos, centros de tiempo libre para la infancia. "Pero además, los servicios sociales deben ser universales", reclama.

Consolidados en muchos países europeos -hacia donde avanza España con su Ley de Dependencia, entre otras cosas- este sistema de atención a las necesidades de convivencia tiene nuevas necesidades que atender en los últimos años. La inmigración ha abierto un frente, la soledad, que ya es una vieja conocida en Occidente. Muchos psicólogos se están haciendo cargo de estos nuevos problemas, aunque se quejan de falta de personal.

Juan Antonio Marcos es el director del Centro de Servicios Sociales de Alcalá de Guadaira (Sevilla), pero antes ha ejercido como psicólogo de base, otra de las figuras profesionales que integran los servicios sociales. Se queja de la escasez de psicólogos en un momento en que las necesidades requieren cada vez más de profesionales con este perfil. Los casos que atienden son adicciones, abusos, maltratos, agresividad en la escuela, problemas con la pareja, relaciones familiares. "Para todo ello hacemos programas de prevención. Es fundamental, porque atajar a tiempo los problemas es básico".

La soledad y esos otros problemas de los que habla Juan Antonio Marcos, enlazan con la reticencia cultural que persiste en España a acercarse a los servicios sociales cuando se dispone de dinero y de familia. Cuando se tiene cobertura económica, los servicios sociales, piensa la gente, no están hechos para ellos. Nada más erróneo.

En los 15 años que lleva Gustavo García Herrero al frente del albergue de Zaragoza ha visto de todo, -cómo alguien tarda 10 minutos en quitarse un calcetín porque la mugre lo ha fundido con la piel, o emotivas anécdotas de solidaridad-, pero lo que más le ha impresionado, siempre, son las situaciones de soledad, el mal del primer mundo. Es lo que llaman "necesidades ocultas". Están ahí, pero nadie pide ayuda para combatirlas.

Necesidades ocultas, reticencias a acercarse a los servicios sociales, escasez de financiación que condena a la inestabilidad de las subvenciones, ausencia de una ley estatal... A todo esto hay que sumar la ausencia de estadísticas que sirvan de punto de partida para conocer la situación y actuar en consecuencia. El agujero en los datos -salvedad hecha de algunas encuestas entre personas mayores- es tan acusado, que condena a los servicios sociales al silencio. Y la crisis, que deja oleadas de miseria en la puerta equivocada. ¿Se puede llamar a esto el cuarto pilar del bienestar?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de julio de 2009