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100.000 discapacitados continúan sin rebaja en el abono transportes

La Comunidad retrasa seis meses la aplicación del descuento que prometió

Elena G. Sevillano

Pablo Lázaro, trabajador de Correos de 49 años, hace las cuentas de cabeza: como vive y trabaja en Madrid ciudad, el abono transportes mensual le sale por 46 euros. Multiplicado por 12 meses, 552 euros. "Con el descuento del 20% me ahorraría... algo más de 100 euros cada año", calcula. No es mucho, cierto. Para algunos, calderilla. "No me va a sacar de pobre ni de rico, pero si lo ofrecen, lo anuncian y tengo derecho a él, que lo saquen, ¿no?", sentencia.

Lázaro efectivamente tendría derecho a ese descuento, según el anuncio que hizo el pasado diciembre el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echevarría. Aunque apenas se le note y haga una vida prácticamente normal, tiene reconocida una minusvalía visual del 67%. Le cuesta leer, pero su puesto de trabajo, vendiendo sobres y embalajes en la central de Correos situada en la céntrica plaza de Cibeles, junto al edificio de la alcaldía de Madrid, está adaptado a sus capacidades.

La demora se debe a "motivos técnicos", según el Gobierno regional
En marzo se eliminó el sistema que permitía los viajes a tres céntimos

"Por primera vez en la historia", aseguraba, rimbombante, la nota de prensa del Gobierno regional, "la Comunidad rebajará en un 20%" el precio de los abonos transporte para personas con una minusvalía igual o superior al 65%. El descuento, prometió entonces Echevarría, entraría en vigor durante el segundo trimestre de este año. Pero ya estamos en julio, y no hay reducción que valga. Ni rastro de la rebaja.

Así que Lázaro y las otras 105.291 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad superior al 65% en la región, según datos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, siguen esperando. Las "importantes rebajas para los discapacitados" que anunció el consejero no llegarán hasta finales de este año, informa una portavoz de la Consejería de Transportes. "Su aplicación se está retrasando por motivos técnicos", añade.

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Al parecer, aún está por determinar el número final de beneficiarios y hay que adaptar las máquinas de venta para que puedan identificar a los usuarios con derecho a la rebaja. "No se ha olvidado. La medida entrará en vigor este año", insiste la portavoz del Ejecutivo regional. Pero de momento lleva seis meses de retraso.

La eliminación, en marzo pasado, del bono tet, el abono de autobús municipal del que se beneficiaban jubilados, pensionistas y minusválidos con ingresos inferiores a 527 euros, generó críticas en varios colectivos, entre ellos el de discapacitados. De los viajes por tres céntimos se pasó a la nueva Tarjeta Azul, que permite usar ilimitadamente el metro y el autobús por 5,50 euros al mes. Pero siempre con la restricción de renta.

El abono prometido por Transportes, en cambio, no contempla unos ingresos máximos. Sólo un grado de discapacidad.

"Estamos bastante decepcionados con el retraso", afirma el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid (FAMMA), Javier Font. Su entidad lleva mucho tiempo pidiendo la gratuidad de los transportes para los discapacitados o, al menos, la equiparación con los jubilados si la minusvalía oscila entre el 33 y el 65%, y la gratuidad para los de grado superior.

"Hablamos de cuantías ínfimas, que a la Comunidad no le supondrían ningún esfuerzo". Font recuerda que, muchas veces, los discapacitados tienen que viajar en transporte público acompañados por otra persona, lo que supone un gasto doble. Además, calcula a la baja el número de personas que se acogerían a la reducción. De los 458.000 discapacitados que hay en la región, estima que sólo el 6% o el 7% viajan en transporte público. "El chocolate del loro", resume el representante de la asociación de discapacitados.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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