La obra pública toma el relevo del ladrillo en la amenaza del litoral

Tras el ladrillo, el hormigón. El estallido de la burbuja inmobiliaria ha significado una tregua para la urbanización del litoral español, esa gallina de los huevos de oro que constructores, políticos municipales y hosteleros sobreexplotaron antes de la llegada de la crisis. Pero con ella, ha aparecido otra amenaza para las costas españolas: la obra pública, especialmente la construcción y ampliación de puertos, que las Administraciones promueven con el ánimo keynesiano de relanzar la actividad económica.

Eso se desprende del informe Destrucción a toda costa, que Greenpeace elabora de forma anual para evaluar el estado del litoral español, con cada vez menos espacios vírgenes. Algunos están protegidos, y la organización se ha fijado especialmente en ellos en esta edición del informe. Y la conclusión no tranquiliza: de los 233 espacios protegidos que ha analizado, Greenpeace considera que más de la mitad, 120, están amenazados. Más de medio millón de viviendas, 1.826 camas en 30 hoteles o 25 campos de golf construidos o proyectados ensombrecen, según la organización, el futuro de los pocos espacios naturales valiosos que quedan en la costa española. La palma se la lleva la Comunidad Valenciana, en la que se concentra el mayor número de reservas amenazadas, 21. Le sigue Galicia, con 17.

Los ecologistas, preocupados por el impacto del puerto industrial de Pasaia

De "parques de papel" habló Pilar Marcos, responsable de costas de Greenpeace, ante esta situación: "La declaración de un espacio protegido sirve a los políticos para ponerse medallas. Pero cuando luego descubren que esta protección es incompatible con algún proyecto, intentan saltarse la norma", denunció. Y si en épocas de bonanza los beneficiarios de estas transgresiones eran los promotores privados, ahora los poderes públicos emergen como nuevo actor central, diagnostica el informe. 51 puertos y 25 polígonos industriales amenazan parajes protegidos según Greenpeace.

Marcos puso ayer el ejemplo de Pasaia, en Guipúzcoa. Explicó que allí se proyecta un puerto industrial que amenazaría el monte Jaizkibel, un acantilado que sirve de refugio para plantas muy raras y para aves marinas, y está protegido como Lugar de Importancia Comunitaria. "Las Administraciones impulsan el proyecto, pero son incapaces de justificar su necesidad", denunció Marcos, que aseguró que el cercano puerto de Bilbao sólo usa un tercio de su capacidad a causa de la crisis.

El informe observa que este desarrollismo anticrisis algo provinciano se generaliza: "Es sorprendente cómo todos los puertos industriales que plantean una ampliación esgrimen los mismos argumentos de 'convertirse en el mayor puerto de mercancías de España", reza el estudio justo después de que partidos como el PNV o CiU aprovechasen las elecciones europeas para reivindicar precisamente eso: fomentar el impulso de grandes infraestructuras marítimas en sus zonas.

Ante este panorama, nada hace el Gobierno central, denunció Marcos. Y Julio Barea, coautor del estudio, añadió que "el Ministerio de Medio Ambiente está dando la espalda al litoral. Ha dejado de gestionar coherentemente la costa y permite la rapiña".

Los ecologistas añoran la etapa en la que la anterior titular del departamento, Cristina Narbona, impulsó la Ley de Costas, que hace ya 21 años declaró públicas las playas españolas, para deshacer los abusos urbanísticos. El informe critica que su sucesora, Elena Espinosa, ha abandonado la tarea. "El debate sobre qué hacer con los chiringuitos es una cortina de humo para no actuar contra los problemas de verdad que hacen inviable la protección de las costas", dice Marcos.

"Una cosa es que no tengas el éxito que querrías, y otra que no hagas todo lo posible para lograrlo", se defienden fuentes del ministerio, que admiten que el estado del litoral es preocupante, pero alegan que no tienen competencias de planificación urbanística.

"Estamos perdiendo la oportunidad que nos da la crisis de cambiar el modelo productivo", concluyó Barea, que teme que estemos sólo en "un paréntesis" y, tras él, se construyan los millones de viviendas que permiten las recalificaciones costeras aún vigentes.