Reconquistar Cataluña desde el Ebro

En el Partido Popular existe el convencimiento de que comenzó a perder definitivamente el voto catalán en el Delta del Ebro, a cuenta del Plan Hidrológico Nacional de José María Aznar. Pasadas las elecciones europeas y ya con las autonómicas del próximo año en mente, Mariano Rajoy quiso visitar ayer esta zona en un intento de cerrar viejas heridas, lucir su perfil más moderado y dar cumplimiento a su compromiso de visitar Cataluña al menos una vez al mes de aquí hasta los comicios catalanes.

Donde no recurrió a la moderación, Rajoy acudió a las inconcreciones. Sobre todo al hablar de trasvases. "El Delta del Ebro nunca se quedará sin agua mientras tenga capacidad de decisión", aseguró cuidándose de no embrollarse en detalles.

El presidente del PP ni aclaró ni precisó si apoyaría el Plan Hidrológico impulsado por el último Gobierno del PP en caso de ganar las elecciones. Se limitó a anunciar "un nuevo ciclo político del PP en Cataluña" que parece empezar con la moderación como única premisa. El objetivo final es que el PP deje de ser la cuarta fuerza política en las elecciones autonómicas y pueda forzar el fin del tripartito junto a CiU.

Pero el líder popular apenas atacó ayer al Gobierno de José Montilla, tarea que cedió a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. El intento de lanzar un nuevo PP se quedó a medias: "Os he echado un discurso un poco pesado", cerró Rajoy, consciente de que apenas logró arrancar un par de ovaciones en algo más de media hora.

Rajoy también evitó referirse al acuerdo que ayer mismo cerró el PP catalán con los grupos del tripartito para hacerse con una silla en el Consejo de Garantías Estatutarias. A los populares no les ha temblado el pulso al exigir un puesto en el organismo pese a considerarlo ilegal y mantenerlo recurrido, junto al resto del Estatuto catalán, en el Tribunal Constitucional. El PP ha propuesto al abogado Julio Añoveros para formar parte del consejo de nueve miembros que debe velar por el ajuste a la Constitución y al Estatuto de las normas de la Generalitat. En su día, el PP rechazó el Consejo por estimar el organismo una suerte de Tribunal Constitucional paralelo.