Punto final a Batasuna

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha puesto punto final a cualquier duda jurídica que pudiera todavía albergarse sobre la ilegalización de Batasuna. Se entierran así las esperanzas, no sólo de la formación abertzale, sino también de ciertos medios nacionalistas de que un órgano jurisdiccional europeo e independiente pusiera en entredicho la actuación de la justicia española y condenara al Estado español por vulneración de derechos políticos fundamentales. El jarro de agua fría afecta directamente al PNV y al anterior Parlamento de Vitoria, que confiaban en una sentencia de Estrasburgo desfavorable a la Ley de Partidos a pesar de haber sido avalada también por el Tribunal Constitucional español.

El veredicto del Tribunal de Estrasburgo no puede ser más contundente, no sólo por su unanimidad, sino por sus argumentos: la actuación de la justicia española -tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional-, sustentada en una probada complementariedad política de Batasuna con ETA, no vulnera los derechos a la libertad de expresión ni de asociación política. El revés jurídico para Batasuna es histórico, y sus consecuencias políticas resultan nefastas para sus pretensiones: se corta de raíz no sólo su posible vuelta a las instituciones sino la de sus segundas marcas.

La formación ilegalizada alegó que la Ley de Partidos le había sido aplicada retrospectivamente; que su disolución fue desproporcionada y que el objetivo de la misma fue impedir el necesario debate sobre la izquierda independentista vasca. En definitiva, que se habían vulnerado sus derechos a la libertad de expresión y de asociación. Ninguna de estas quejas tiene acogida: no hubo retroactividad porque los hechos y las pruebas son posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Partidos; la disolución no buscó impedir el debate sobre la izquierda independentista vasca, "ya que otros partidos llamados separatistas coexisten pacíficamente en muchas autonomías españolas", y no fue desproporcionada con los actos y discursos demostradamente antidemocráticos del partido disuelto.

Para Estrasburgo no cabe duda alguna: la ilegalización de Batasuna respondió a una "necesidad social imperiosa". Y llama la atención su sintonía con el Supremo y el Constitucional españoles. Coincide con ellos en que la actuación y el discurso de Batasuna y sus dirigentes "no excluyen el recurso a la fuerza para alcanzar sus objetivos"; forman parte "de una estrategia política contraria a los principios democráticos de la Constitución española" y sus probados vínculos con ETA "pueden ser objetivamente considerados como una amenaza para la democracia". Más claro no puede decirse: un partido así no encaja en una "sociedad democrática". Habría sido admisible incluso, aunque no fue el caso, ilegalizar a Batasuna por no condenar los atentados de ETA: "En ciertas circunstancias las omisiones y silencios pueden equivaler a un apoyo expreso".