Medio Ambiente tiene paralizados 600 expedientes administrativos

El Gobierno tiene paralizados cerca de 600 expedientes administrativos medioambientales, casi todos referidos al nuevo permiso ambiental exigido por la Unión Europea a las empresas y a los certificados de calidad del suelo. La falta de funcionarios que examinen y tramiten estos asuntos ha causado un "cuello de botella", que se ha convertido en una de las principales preocupaciones del nuevo equipo que está al frente del Departamento de Medio Ambiente.

Las empresas son las principales perjudicadas por la parálisis burocrática. Como muestra de ello, la patronal Confebask comunicó al lehendakari Patxi López, en la reunión que celebraron el pasado 18 de mayo, que este bloqueo administrativo era una de sus mayores inquietudes. Esto llevó a López a pedir una actuación urgente a la consejera de Medio Ambiente y Agricultura, Pilar Unzalu, quien hace ocho días anunció en la comisión parlamentaria donde explicó sus planes para la legislatura un plan de choque para acabar con esta situación que ocasiona retrasos en proyectos empresariales y urbanísticos.

Existen 272 actas sobre calidad del suelo en fase de tramitación

Uno de los grandes problemas son las llamadas Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI), el nuevo permiso impuesto por la Unión Europea que reúne en una sola todas las autorizaciones que había hasta ahora y endurece los requisitos para su obtención. La AAI es obligatoria para 305 plantas calificadas como las más contaminantes de la comunidad autónoma.

El Gobierno, tras una prórroga del plazo (tenía que haber expirado en octubre de 2007), en 2008 dio autorización provisional a 209 empresas, a las que se fueron incorporando varias decenas más a lo largo del año. Pero ese permiso llevaba implícitas medidas correctoras en todas las empresas, con un plazo de entre 6 y 12 meses para cumplirlas y otorgar posteriormente la autorización definitiva, con una vigencia de ocho años.

Transcurrido un año, debido a la falta de medios humanos, se han concedido "unas pocas" autorizaciones ambientales, según admite el Departamento, lo que deja a las compañías en una situación preocupante. Si se aplicara la ley rigurosamente, se podrían cerrar por carecer del permiso definitivo.

En la tramitación de estas autorizaciones se ha recurrido hasta ahora a consultoras externas, pero el nuevo equipo de Medio Ambiente cree que "unas empresas no deben dar ninguna autorización a otras empresas. El control debe ser administrativo", señala a EL PAÍS la viceconsejera Nieves Terán.

Los últimos datos conocidos, a finales del pasado año, revelaban que el Departamento de Medio Ambiente sólo cuenta con una plantilla de siete inspectores para el control de las empresas más contaminantes, reforzados con una quincena de personas de asesorías externas.

El otro atasco administrativo se localiza en las declaraciones de calidad del suelo, con 337 expedientes iniciados, de los que 272 están en tramitación, o sea pendientes de resolución. Además, hay documentación pendiente de aprobar, aunque en menor cuantía, en evaluaciones de impacto ambiental y vertidos.

La viceconsejera ve absolutamente necesario aumentar el número de funcionarios, "cuyo número no ha cambiado desde 2000", año desde el que se han intensificado las directivas de la UE en materia medioambiental. Esa necesidad de personal todavía no se ha cuantificado, asegura Terán.