Los socialistas y la derecha limitan la justicia universal

"No debería llamarse Ley de Oficina Judicial, sino ley de defensa de los intereses difusos. Menos de la oficina judicial o de la estructura orgánica de una oficina judicial eficiente o de sistemas telemáticos e informáticos, compatibles entre sí, se regula de todo; aquí se regula la articulación nueva de la jurisdicción universal, ¡nada menos! Esta ley es como una especie de zoco, es una ley deletérea que regula toda suerte de materias, es una ley innominada, tiene nombre porque la Constitución obliga a poner nombre a las leyes, pero podría ser una ley sin nombre", sostuvo el portavoz del PNV, Emilio Olabarria, para definir desde la tribuna lo que estaba a punto de aprobar el Pleno para su remisión al Senado.

Llamazares: "Es un día triste para la defensa de los derechos humanos"

La norma tenía como objetivo inicial la reforma de los juzgados, pero PSOE y PP aprovecharon su tramitación para incluir la limitación de la llamada jurisdicción universal y para satisfacer gran parte de las demandas laborales de los jueces. A partir de su entrada en vigor, la Audiencia Nacional sólo será competente para casos en los que estén vinculados españoles de alguna manera. Es decir, los abiertos contra China e Israel, y que incomodan las relaciones diplomáticas con esos países, podrían ir camino del archivo si lo pidieran las defensas.

Los partidos de la izquierda, ERC, BNG, IU e ICV, votaron en contra de la limitación de la justicia universal. "Afectaba a nuestras relaciones internacionales, generando a veces conflictos diplomáticos", admitió la portavoz del PP, Dolors Montserrat. "No se trata de facilitar la impunidad, sino de racionalizar la regulación con la voluntad inequívoca de que estos delitos sean perseguidos y juzgados", añadió el socialista Julio Villarrubia. Gaspar Llamazares (IU) encabezó el rechazo asegurando que "es un día triste para la defensa de los derechos humanos. Hoy solamente brindarán con champán los halcones de Guantánamo o los halcones de Gaza".

Sobre la oficina judicial, la norma final regula la competencia del señalamiento de los juicios, dejándolo a medias entre los jueces y los secretarios, con una redacción que Olabarria calificó de incomprensible. Los jueces celebraron una jornada de huelga en febrero, entre otras cosas, para conservar esta competencia.

Todos los partidos han logrado un consenso sobre esta parte de la ley, precisamente, para intentar cerrar ese conflicto, tras la llegada al Ministerio de Justicia de Francisco Caamaño.

No obstante, la AJSYMS (Asociación de Jueces Sustitutos y Magistrados Suplentes), que representa a los más de mil jueces sustitutos que ejercen en España, hizo público un comunicado en el que advierte que "la regulación de la Nueva Oficina Judicial no aporta soluciones al déficit de jueces".