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El PP aprueba en las Cortes la primera ley antiaborto de España

El último pleno culmina el trámite de la iniciativa de la Red MadreLa oposición denuncia una agresión contra derechos adquiridos en 1978

El PP aprobó ayer en solitario en las Cortes la primera ley antiabortista de España bajo el nombre de Ley de Protección de la Maternidad. La "vida en formación" genera derechos por primera vez en la legislación española. La mera concepción garantiza prioridades a la familia en la reserva de plazas escolares o el acceso a viviendas protegidas. El Consell subvencionará "redes de voluntariado" que asistirán a la mujer durante la gestación. Las adolescentes embarazadas podrán seguir el curso escolar en casa y gozar de flexibilidad en sus exámenes de fin de curso. Etcétera, etcétera.

Las portavoces de la oposición denunciaron la voluntad del PP de imponer doctrina contra la ley de derechos sexuales y reproductivos que tramita el Congreso de los Diputados con un texto cargado de ideología. Pero los diputados del PP acompañaron en pie el aplauso de Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Bienestar Social, y de los representantes de la Red Madre que seguían el debate desde la tribuna de invitados, donde es preceptivo guardar silencio.

La ley establece que la "vida en formación" genera derechos
Marcos: "Esto no es una ley, es doctrina que criminaliza a la mujer libre"

El último pleno del presente periodo de sesiones culminó la sorprendente tramitación de un texto que llegó a las Cortes como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 80.000 firmas que fueron recabadas por grupos de la Red Madre. El plazo para obtener las firmas fue dilatado y los impulsores del texto recibieron 12.000 euros de las Cortes por su tarea.

Una vez admitida a trámite con el único apoyo del PP, la ILP fue objeto de una enmienda a la totalidad por parte del grupo mayoritario para incorporar un texto paralelo que barajaba el Consell como anteproyecto. Se esquivaron así los preceptivos informes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) sobre su calidad jurídica y del Consejo Económico Social sobre su oportunidad social.

El CJC sí emitió un informe sobre el proyecto del Consell cuando la ILP ya se tramitaba y apuntó que el texto estaba repleto de "declaraciones programáticas" impropias de una ley. Pero el PP hizo oídos sordos.

"La Comunidad Valenciana se convierte en un referente nacional en materia de apoyo a la mujer embarazada y a la maternidad", celebró Cotino, "la ley marca un antes y un después en las políticas sociales de apoyo a la maternidad y a la vida en formación".El último acto del debate parlamentario de la ILP fue tenso. María José García Herrero, del PP, defendió "el derecho de la mujer embarazada a no sentirse diferente por seguir adelante con su embarazo". Aseguró que la norma "es una apuesta de futuro" y deslizó: "Esperamos que otras comunidades nos sigan". Y defendió las ayudas directas a los voluntarios activos contra el aborto: "Organizaciones a pie de calle auxiliarán a las mujeres embarazadas".

La socialista Consuelo Catalá argumentó que el apoyo a la maternidad es lo bastante importante como para intentar alcanzar el consenso en las Cortes, pero acusó al PP de "secuestrar el debate" recurriendo a artimañas para "poner el acelerador" y aprobar un texto que "prevé ayudas directas a las asociaciones que se manifiestan ante las clínicas abortistas, no a las mujeres" para "tutelar a las mujeres como si fueran menores de edad". "Son unos irresponsables, crean inseguridad jurídica y sanitaria", siguió Catalá, "creen que vivimos en tiempos revueltos pero no es el caso, vivimos en tiempos democráticos". Y concluyó: "Combaten derechos democráticos implantados en este país desde 1978. La Comunidad Valenciana merece un debate en profundidad sobre la maternidad en coordenadas de libertad, de justicia y de derechos".

Mònica Oltra, portavoz de Compromís, reclamó las ayudas de 4.000 euros que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, había prometido en campaña electoral antes de una ley que "no garantiza más vida, sino menos derechos". Oltra recordó las objeciones del CJC al texto, auguró que la norma solo creará problemas a los tribunales y acusó al PP de fomentar "el adoctrinamiento, la vuelta a la Edad Media", al empeñarse en legislar sobre "la libertad de llevar a fin el embarazo", algo que nadie ha dudado nunca. Oltra puso el acento en el apoyo a los grupos "que acosan a las mujeres que quieren abortar y a los médicos" que practican la interrupción del embarazo. "Me preocupa la deriva totalitaria del Consell", concluyó Oltra.

Glòria Marcos, diputada de Esquerra Unida, cargó sin contemplaciones contra "el texto" en su última intervención ante el pleno de las Cortes. En septiembre será relevada como diputada por Marga Sanz, coordinadora general de Esquerra Unida. "Esto no es una ley", denunció Marcos, "han usado una red neofundamentalista para financiar un texto que no cumple los requisitos mínimos. Esquerra Unida plantea el apoyo a la maternidad responsable, ustedes solo quieren constituir una red clientelar en contra del aborto, insumisión constitucional". Marcos sintetizó: "Esto no es una ley, es una propuesta ideológica y doctrinal que huele a sotana y naftalina y que criminaliza a la mujer libre. No podemos apoyar a los propagandistas de la fe".

Ricardo Costa, portavoz del PP, cerró el pleno con una arenga en la que agradeció la labor de los grupos de la Red Madre y situó a todos los grupos de la oposición "al margen de la sociedad". En la misma línea, el PP impuso a primera hora a sus candidatos en los consejos sociales de las cinco universidades públicas valencianas.

Las promesas

- La ley garantiza derechos de la mujer gestante y de la vida en formación desde la concepción.

- La vida en formación contará como un miembro más de la unidad familiar a los efectos de las convocatorias públicas.

- Redes de voluntarios asistirán a la mujer durante la gestación y los primeros meses de vida del niño.

- El Consell fomentará la adopción de los hijos nacidos en familias con dificultades para el ejercicio de sus funciones parentales.

- Las adolescentes embarazadas podrán seguir el curso escolar en casa.

- Un código de buenas prácticas promoverá los valores, los derechos y los principios éticos sobre atención a la maternidad.

- El desarrollo pleno de la ley será efectivo en los próximos nueve meses.

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