El juez del 'caso Gürtel' investiga una concesión de contratos de limpieza

La mañana de ayer fue especialmente movida en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso por la supuesta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que salpica a los dirigentes del PP de municipios del noroeste, ordenó que revisaran uno a uno decenas de expedientes municipales. Durante 12 horas, una veintena de funcionarios puso patas arriba sendos consistorios y salieron cargados de cajas con fotocopias.

La llamada trama Gürtel comenzó el pasado 6 de febrero a raíz de una investigacion del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Después, el caso ha salpicado a los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y a tres diputados regionales, entre otros.

El nexo entre las dos inspecciones fue el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. En ambos municipios se adjudicaron a una unión temporal de empresas (UTE), formada por Sufi y FCC. Un cargo de esta última empresa, el ex director de Calidad, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, está imputado en esta trama. En ambos casos, el concurso salió por un montante de dos millones de euros y por un plazo de 10 años. Pero el gasto final ha ido subiendo en ambos Ayuntamientos hasta superar los cuatro millones de euros, según fuentes de la investigación.

Los dos consistorios lo firmaron en 2002, cuando en Majadahonda era alcalde Guillermo Ortega, del PP, y en Boadilla, González Panero. Los policías fotocopiaron estos expedientes para adjuntarlos a la causa que se instruye en el TSJM.Sendas comisiones judiciales coincidieron también en el expediente de mantenimiento de zonas verdes. En Boadilla, está adjudicado a la empresa FCC, según fuentes municipales. Por el contrario, en Majadahonda, el contrato no fue resuelto. Coincidió la adjudicación con el cambio de equipo de gobierno municipal: el actual alcalde, Narciso de Foxá, que sustituyó a Ortega, decidió paralizarlo.

En Majadahonda, los policías pidieron el expediente del Residencial Adriática, que era promovido por Jacobo Gordon Levenfelt, socio de Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) e imputado en la causa desde el pasado febrero. Pero la promoción de estas 16 viviendas de lujo, promovida por Twain Jones, no está vinculada con el Ayuntamiento majariego. Éste la paralizó por no respetar el gusto estético de la zona.

Los funcionarios también solicitaron que les enseñaran numerosos (algunas fuentes cifran en más de una treintena) pequeños contratos y reconocimientos de deuda municipal, en los que, supuestamente, estaban detrás las empresas vinculadas a Correa. Todos ellos eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Ortega. La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, fue secretaria del PP en el municipio y ex jefa del gabinete de Guillermo Ortega.

Otros de los puntos en los que hicieron hincapié los funcionarios judiciales fue la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte. Los agentes revisaron todas las contrataciones de viviendas protegidas realizadas por la empresa Teconsa, que está implicada en la trama Gürtel. El registro de ayer se produjo justo una semana después de que el contable de la EMVS y la secretaria del anterior gerente de la empresa, diputado autonómico e imputado en el caso, Alfonso Bosch, declararan como testigos ante el magistrado instructor del TSJM.

Los agentes que permanecieron en tres edificios de Boadilla (la EMVS y dos sedes del Ayuntamiento) inspeccionaron el área de Urbanismo, de la que se llevaron varios expedientes y planos de planes parciales, según fuentes municipales. Asimismo, examinaron los contratos de Hispánica, adjudicataria del Parque del Deporte por 30 millones de euros, la mayor inversión del consistorio. Esta contratación estuvo rodeada de polémica. Un informe elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde, González Panero, escogió a Hispánica, que valoró con el doble de puntos que a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final, en contra de un informe municipal que prefería a Sacyr.

El conserje del edificio municipal tuvo que salir hasta en dos ocasiones cargado con archivos repletos de documentos. Junto a un policía judicial, se pasaron horas en una copistería cercana fotocopiando documentos.

El Consistorio trató de restar importancia al registro de ayer. "Ya han venido en otras ocasiones desde que saltara el escándalo", aseguró un portavoz municipal. "Esta nueva visita de la policía confirma que Boadilla era el centro de operaciones de la trama Gürtel", aseguró el portavoz socialista, Pablo Nieto.