La fiscalía sufre un revés en su plan contra los delitos urbanísticos

La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ha sufrido un revés en su particular batalla contra los delitos urbanísticos. Su petición de que los arquitectos implicados en la falsificación de certificados de obra para dar apariencia de legalidad a viviendas irregulares sean considerados funcionarios públicos, con lo que se amplían las penas y el tiempo en el que prescriben los hechos, acaba de ser rechazada por la Audiencia Provincial de Cádiz. Es un cambio de criterio porque el mismo órgano judicial había aceptado a principios de año esta consideración.

El rechazo ha quedado reflejado en un auto de la sección tercera de la Audiencia Provincial gaditana. Los jueces se han opuesto a un recurso de la Fiscalía contra un auto de un juzgado de instrucción de Cádiz que había archivado una causa contra un arquitecto técnico por haber prescrito los delitos que se le imputaban (el de falsedad de documento público cometido por particulares y el de ordenación del territorio). Se superaban los cuatro años transcurridos entre los hechos y la denuncia y esos hechos no están tipificados con más tres años de prisión.

El fiscal recurrió, al igual que ha hecho con otros casos similares. Reclamó que sobre el arquitecto recayese la tipificación aplicada a funcionario público. El Ministerio Público cree que estos profesionales actúan como tal al realizar funciones específicas recogidas en el reglamento hipotecario. En enero la sección primera de la Audiencia Provincial levantó el archivo dictado sobre un caso al aceptar este razonamiento. Pero la sección tercera acaba de tumbarlo. "La función del arquitecto era expedir por encargo de otros particulares una certificación sobre la existencia o no de una edificación, pero ello no le convierte en funcionario público a efectos penales", dice el auto conocido ayer. "No está vinculado ni directa ni indirectamente a ninguna administración pública o institucional", añade.

Los jueces de la Audiencia de Cádiz utilizan jurisprudencia del Tribunal Supremo para argumentar su resolución.

Esta decisión deja en el aire el logro que generó la satisfacción del entonces coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez. Este fiscal creía que el auto de la sección primaria establecería un criterio único en todos los casos similares. Pero no ha sido así. La sección tercera reconoce que su decisión puede favorecer la prescripción de los delitos.

"Aún lamentando que los presuntos delitos investigados pueden quedar impunes por el escaso lapso prescriptivo (...), lo cierto es que a fecha de hoy la legislación referida no otorga otra solución", justifica el juez.

Con la consideración de funcionario público el tiempo en que el delito prescribe es de diez años y permite mantener la causa abierta contra el resto de implicados.