Más del 60% de los municipios tiene problemas para pagar las nóminas

La quiebra de las arcas municipales estaba latente, pero el estallido inmobiliario retrasó sus síntomas. Ahora que los presupuestos de los ayuntamientos han dejado de recibir esa inyección extra que venía del ladrillo, el problema ha dado la cara con toda su crudeza. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) estima que el 60% de los municipios tienen "graves problemas" para pagar las nóminas de sus empleados a fin de mes, según explica un portavoz de este organismo. "No hay un estudio científico, pero si decimos que sólo la mitad se encuentran con complicaciones serias nos quedamos cortos seguro", afirma.

El alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y presidente de la comisión de promoción económica, trabajo y recursos humanos de la FAMP, Juan Ramón Troncoso (PSOE), no se atreve a dar una cifra, pero asegura que "todos" están pasando por dificultades. "Todos los municipios que yo conozco están teniendo problemas para hacer frente a los pagos. Y un porcentaje muy amplio, entre los que me incluyo, tienen dificultades realmente graves", advierte.

Troncoso no duda de que las deudas que asfixian a los ayuntamientos son el resultado de un mal "estructural" que se ha agigantado al encontrarse con la crisis económica general. Cada semana se añaden nuevos nombres a la lista de municipios en serios apuros cuyos alcaldes tienen que recurrir a medidas drásticas para salir al paso de la situación.Juan Bautista Ginés (PSOE), el alcalde del municipio sevillano de Palomares del Río (5.500 habitantes), colgó la semana pasada en su web un comunicado para intentar explicarle a los vecinos la situación que traviesa el Ayuntamiento. Sus argumentos son extrapolables a otros municipios en apuros: una deuda excesiva (seis millones de euros), una plantilla municipal "sobredimensionada" y unos gastos de personal que por superan los ingresos por impuestos, tasas y aportaciones de la Junta y el Estado. El alcalde anunció también que su gobierno subirá los impuestos y planteará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"Palomares ha sido el primero en caer de una cadena que se sostenía con el modelo de financiación urbanístico de gobiernos anteriores. Una herencia que hoy nos pasa factura", advertía Ginés en su comunicado. Efectivamente, la FAMP teme que de aquí a unos meses les toque a otros alcaldes pasar por el mismo trago. "Ya son varios los que han presentado ERE en las empresas municipales. Y ahora son ya unos cuantos los que no pueden pagar ninguna nómina o están a punto de encontrarse con esta situación", explica un portavoz de la federación.

No se salvan ni los pequeños pueblos, ni los medianos, ni las capitales. Los ayuntamientos se sienten las hermanas pobres de la administración y hace años que exigen al Gobierno central y la Junta cambios que le permitan coger algo de aire. Según el presidente de la comisión de promoción económica, trabajo y recursos humanos de la FAMP, las demandas se centran en tres cuestiones: un nuevo marco jurídico, un nuevo reparto de la financiación del Estado y una redistribución de las competencias que "clarifique" qué corresponde a cada administración.

La solución tiene que llegar, por tanto, del Estado y de la Junta, y aunque Troncoso reconoce que se están "dando pasos", los estragos de la crisis van más rápido que los acuerdos entre las administraciones. "La situación empieza a afectar a los ciudadanos, porque hay servicios a los que tienen derecho pero no se les pueden prestar porque no hay dinero". Endesa, por ejemplo, a cortado la luz a varias dependencias de Palomares, como el polideportivo o el centro público de internet.

Los proveedores, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, son también damnificados por la crisis de las arcas municipales. Según un estudio de la Confederación de Empresarios de Málaga, la Junta y los ayuntamientos andaluces adeudan a las empresas más de 2.200 millones de euros. El Gobierno central ha habilitado una línea de pago a proveedores a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la que muchos municipios ya se han adherido. Pero otros se resisten por temor a no poder pagar el préstamo al Estado, lo que supondría que el Gobierno le recortara su financiación hasta en un 25%. "Eso podría ser ya la ruina absoluta para muchos municipios", explica un portavoz de la FAMP.