Preparando el verano

La cercanía del verano y de las elecciones catalanas parece que está precipitando el desenlace de decisiones largamente esperadas. Podemos irnos de vacaciones, además de con la nueva terminal y la primera piedra del Q3, con acuerdo de financiación y con sentencia del Tribunal Constitucional. Es evidente que en ninguno de los dos últimos casos la resolución será la preferida por las fuerzas políticas que impulsaron el nuevo Estatuto. En el aspecto de la financiación quedaremos lejos de las expectativas. Nos consolaremos, con razón, hablando de crisis económica, y buscaremos comparaciones con la situación anterior para, también con razón, exponer las mejoras logradas. Pero, lo cierto es que queríamos otra cosa. La tensión entre un sistema al que cada vez le cuesta más encontrar equilibrios y variables que satisfagan a las partes en liza y un sistema de fiscalidad foral claro y ventajoso seguirá indefectiblemente produciendo la desazón generalizada. Por otro lado, seguiremos pendientes de resolver la penosa financiación de los municipios. El reto pasa por superar esa absurda pero significativa determinación de Zapatero y sus elites funcionariales, que no quieren ni oír hablar de que la Administración central de Estado baje del 50% del total de gasto publico. Como si el conjunto de esferas de gobierno del Estado (central, autonómica y local) constituyeran una especie de club financiero en el que los del "centro" (léase intereses generales según su jerga) han de asegurarse el control mayoritario.

En el aspecto de la financiación quedaremos lejos de las expectativas

Sabemos poco de la sentencia del Tribunal Constitucional. Todo apunta a que llegará en época de rebajas, aunque se preserve su simbólico preámbulo. Reduciendo así a la baja las aspiraciones de "cerrar" el modelo competencial como se pretendía con el nuevo texto estatutario. Pero, más allá del resultado final, lo significativo es que el Alto Tribunal pueda meter mano en un acuerdo político que ha pasado por todos los filtros de legitimidad posibles, incluido el referéndum al conjunto de la población de Cataluña y sendas aprobaciones formales en las dos cámaras de representación en Barcelona y Madrid. La (ir)responsabilidad del PP en este tema es manifiesta, y debería asumir en el futuro los costes que ello conlleva.