La limitación al regadío pone en riesgo la viabilidad del canal Segarra-Garrigues

Las obras del canal Segarra-Garrigues, la infraestructura hidráulica en construcción más importante de Cataluña, están en una fase muy avanzada de ejecución, pero conforme se acerca la fecha de su estreno -2013- aumentan las dudas sobre la viabilidad de un proyecto de más de 1.600 millones de euros que fue diseñado como un elemento estratégico para el desarrollo económico de seis comarcas de Lleida. La decisión de la Generalitat, esta misma semana, de ampliar la zona de protección de aves -dando cumplimiento a dos sentencias de los tribunales europeos- reduce en más del 40% la superficie de regadío prevista inicialmente, de 70.150 hectáreas. Regantes y sindicatos agrícolas denuncian las malas artes del tripartito por haber rechazado las 750 alegaciones presentadas, actitud que CiU califica de "lamentable".

Desde que en 2002, el entonces ministro de Medio Ambiente del PP, Jaume Matas, y el ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, pusieron la primera piedra, el canal Segarra-Garrigues (reivindicado durante lustros por los agricultores de la plana de Lleida) ha estado inmerso en la polémica. Y ahora, con varios kilómetros de canal acabados, un conflicto de intereses entre un sector de 20.000 agricultores y los colectivos ecologistas, la amenaza de duras sanciones europeas por incumplir una directiva de hábitat y especies protegidas e importantes restricciones de riego mantienen en vilo el éxito del proyecto.

14.000 hectáreas menos

La Generalitat acaba de aprobar una nueva ampliación de las zonas especiales de protección de aves, conocidas como Zepas, en 14.297 hectáreas. Con esta propuesta se espera evitar las sanciones y cumplir la exigencia de los tribunales europeos, que dictaron dos sentencias condenatorias contra España por insuficiente protección de diferentes especies de aves esteparias (sisón, calandria, terrera común y carraca azul) en peligro de extinción.

El canal tenía que regar 70.150 hectáreas, pero las dos delimitaciones de zonas protegidas realizadas por la Generalitat han significado un recorte de 40.512 hectáreas, de manera que sólo se podrán regar sin ningún tipo de restricciones 30.000 hectáreas, el 42% de la superficie prevista. Pese a este importante número de hectáreas excluidas del riego, el Gobierno central, la Generalitat y la Comunidad de Regantes consideran que la viabilidad del proyecto está garantizada.

Sin embargo, la última ampliación, aprobada el martes por el Consell Executiu, no ha contentado a casi nadie. Los regantes y las principales organizaciones agrarias, Unió de Pagesos y Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya han manifestado su decepción por la forma de actuar del Gobierno catalán, que ha mantenido intacta su propuesta inicial.

Josep París, presidente la Comunidad de Regantes del Segarra-Garrigues, considera "excesiva e innecesaria" la ampliación de 14.297 hectáreas porque trunca las esperanzas de muchas personas y no garantiza una mayor protección de las aves si no se acompaña de un plan de usos y gestión de las zonas excluidas del riego. París ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo, que irá avalado por un informe ornitológico de la Universidad de Lleida.