La luz verde por sorpresa a la TDT de pago desata las críticas del sector

El Ministerio de Industria ha dado luz verde, a través de un proyecto de real decreto, a las emisiones de televisión digital terrestre en la modalidad de pago. Los operadores que posean una licencia de TDT podrán explotar total o parcialmente en el sistema de acceso condicional uno de los canales digitales, "siempre que su concesión permita la explotación de más de un canal", según el plan diseñado por Industria.

La medida fue presentada ayer durante la reunión del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (Catsi), organismo consultivo dependiente de Industria, y fue recibida con "sorpresa" por los asistentes. De hecho, la propuesta no estaba incluida en las 19 medidas legislativas que aparecían en el orden del día remitido pocos días antes por el ministerio. El departamento que dirige Miguel Sebastián decidió incorporar el texto la víspera de la reunión.

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El proyecto no figuraba en la cita del consejo de las telecomunicaciones

Los operadores por cable sostienen que vulnera los concursos

Una vez conocido su contenido, el proyecto suscitó críticas por parte de los representantes de Sogecable, Telefónica y Ono, que explotan canales de pago, y de Redtel (entidad que agrupa a Telefónica, Ono, Vodafone y Orange). Estos operadores expusieron que la TDT de pago no estaba contenida en los concursos públicos de televisión.

En la misma línea se pronunció el Grupo PRISA (propietario de Sogecable y editor de EL PAÍS), que consideró el proyecto de real decreto "contrario" a la legislación de contratos del sector público, que regula las concesiones de televisón terrestre, analógica y digital. "El concurso al que se presentaron Antena 3 TV, Telecinco y Sogecable no exigía ninguna modalidad de emisión, mientras que aquellos a los que concurrieron Veo (El Mundo), Net (Vocento) y La Sexta imponían obligatoriamente la emisión en abierto", subrayó ayer PRISA en un comunicado en el que apeló a la doctrina del Consejo de Estado y del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los contratos con la Administración.

A la hora de justificar la medida, Industria sostiene que es "necesario" flexibilizar el modelo de negocio de la televisión digital terrestre existente hasta ahora, basado en la emisión en abierto. Tal fórmula "contribuirá al sostenimiento de una oferta televisiva más amplia".

PRISA considera que esta reforma improvisada es "el colofón" a una serie de cambios normativos "que sólo favorecen a unos operadores audiovisuales, los de la televisión terrestre, en perjuicio de los operadores de satélite, cable y ADSL". En su opinión, el plan de Industria "conculca la legalidad", "no responde a ninguna demanda social y pone de relieve la política clientelista de ese departamento". Y añade que la política de Industria "contradice la promesa hecha por el presidente del Gobierno en las dos últimas legislaturas de presentar una ley audiovisual que regule adecuada y razonablemente el sector".

Ésta es la segunda vez que Industria da el pistoletazo de salida a la TDT de pago. En plena Semana Santa emitió una nota en esta dirección, posteriormente rectificada por el propio ministerio. "Este asunto no ha pasado por el Consejo de Ministros, por lo que es una simple nota de prensa sin valor legal", matizaron entonces fuentes de La Moncloa.

Para poder recibir la TDT de pago, los usuarios tendrán que instalar descodificadores especiales. La mayoría de los 18 millones de sintonizadores vendidos en España hasta ahora no servirán para acceder a este tipo de señales.

Durante la sesión del Catsi, presidida por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, Industria presentó una batería de medidas destinadas a impulsar las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información, como por ejemplo, la asignación de los múltiples digitales tras el apagón analógico (abril de 2010), la reserva del llamado dividendo digital o la televisión de alta definición.

Este paquete legislativo se une a las dos leyes que actualmente se encuentran en trámite parlamentario: una de ellas va destinada a facilitar la fusión de las televisiones y la otra modifica el modelo de financiación de RTVE con la supresión de la publicidad en la televisión pública.

Para completar el mapa, Industria ha regulado la televisión sin ánimo de lucro y modificado las condiciones para la emisión de la radio digital. Este último punto había sido expuesto de manera insistente por los 12 concesionarios privados y por RNE. El Gobierno ha reducido del 50% al 20% la cobertura obligatoria. "Hubiéramos preferido que se redujera al 0%", comenta Alfonso Ruiz de Assín en nombre de los concesionarios. Los radiodifusores emiten en digital desde hace nueve años sin ser escuchados por la audiencia. Estar en el aire les cuesta 3,5 millones de euros al año.