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Ni impunidad ni quijotismo

El ingenioso hidalgo Alonso Quijano anteponía la bondad y el idealismo a cualquier consideración en su combate para desfacer agravios. De igual forma, somos legión los que nos indignamos ante las violaciones flagrantes de derechos humanos de las que demasiado frecuentemente recibimos noticia desde los más variados confines. A la hora de terminar con ese horror, conviene, sin embargo, recordar que lo ideal, lo correcto y lo posible son categorías distintas y no siempre coincidentes.

Para reflexionar constructiva y conjuntamente sobre la mejor forma de respetar la legalidad internacional y los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, Casa Sefarad está celebrando -en la sede de la Fundación Garrigues- un encuentro jurídico de varias decenas de jueces, académicos y abogados de reconocido prestigio, mayoritariamente españoles e israelíes, y también de otros países europeos, Estados Unidos y Argentina.

No está claro que España deba operar como sede judicial de todos los crímenes contra la humanidad

El debate debe servir para profundizar en el conocimiento de los sistemas jurídicos respectivos, no perfectamente homologables, dado que el israelí es heredero del Common Law. Las discusiones son plurales y difícilmente concluyentes. La capacidad de aceptar la divergencia es particularmente necesaria a propósito de la querella criminal en curso en la Audiencia Nacional contra un ex ministro de Defensa y seis militares israelíes por la muerte de 14 civiles en Gaza, como resultado de la "ejecución extrajudicial" de un líder de Hamás en 2002. Como corresponde a un asunto sub judice, los debates respetan la competencia exclusiva de la Sala de lo Penal para optar entre la posición favorable del magistrado de instrucción y la contraria del fiscal. No obstante, es seguro que alguna voz israelí traslade su percepción de que la querella es una manifestación más de una supuesta animadversión política española hacia Israel. Confío en que después del encuentro los juristas israelíes habrán comprendido que las 13 querellas relacionadas con la jurisdicción universal en curso en la Audiencia demuestran que se trata de una cuestión de carácter general.

El Primer Encuentro Jurídico de Casa Sefarad es también rico entre los abogados españoles. De un lado, los que sostienen que Israel no podría ser objeto de querella si hubiera aceptado el Tribunal Penal Internacional (TPI), de cuya imparcialidad Israel alega no fiarse. De otro, los que consideran que los limitadísimos medios de nuestra justicia no permiten desviar recursos a pleitos inconexos con España sobre los que no podrá ejecutarse una eventual sentencia. Este argumento, unido al de las complicaciones diplomáticas que estas querellas generan para España (especialmente con China), influyó en el reciente acuerdo entre los dos principales grupos parlamentarios para limitar la competencia de nuestros tribunales sólo para aquellos casos que presenten vínculos con España. Cabe notar que, cuando entre en vigor, la reforma no tendrá efecto retroactivo sobre las querellas en curso.

La legitimidad de que España investigue cualquier posible crimen sobre sus nacionales es clara, incluso si las posibilidades de ejecutar la sentencia en un territorio extranjero son escasas. Menos claro es que, dado que los demás países ya condicionan su competencia a los casos que presentan una conexión nacional, España deba seguir operando como la sede judicial para enjuiciar todos los genocidios, crímenes de guerra y de lesa humanidad que se perpetran en el mundo.

El carácter subsidiario de nuestra jurisdicción es otro punto de fricción. Desde Israel se arguye que su investigación sobre el mismo caso debería llevar a desestimar su enjuiciamiento en España. Los partidarios de que la querella prospere citan la falta de resultados varios años después de los hechos y cuestionan la capacidad del sistema israelí de depurar responsabilidades por falta de independencia. Ahora bien, este argumento conlleva aceptar que un tribunal extranjero enjuicie a españoles que estén siendo juzgados en España o incluso después de haber sido absueltos. En todo caso, el espacio potencial de impunidad se ha reducido enormemente desde julio de 2002, cuando entró en vigor la jurisdicción del TPI. Los 108 países que ya han ratificado pueden denunciar a cualquier individuo por esos crímenes, como también el Consejo de Seguridad y el fiscal del TPI.

El encuentro de Casa Sefarad permite abordar las diferencias de enfoques, pero también subrayar lo que nos une, incluida la cuantiosa y fructífera contribución a la identidad colectiva española realizada por los centenares de miles de judíos que habitaron la Península durante largos siglos. Los estereotipos, además de falsos, nunca ayudan. Ni Israel es un país dominado por un Ejército fascista que da cobertura a fanáticos religiosos que roban tierras a los palestinos, ni España es el país más antisemita de Europa, pese a que así lo indiquen algunas encuestas internacionales.

La invasión de Irak confirmó que la imposición no es el camino para promover la democracia. Si el diálogo firme pero constructivo es la mejor fórmula para promover el progreso en Cuba o en Irán, ¿por qué no habría de serlo también con Israel, país con el que, además, compartimos valores esenciales como la democracia, de la que disfruta desde 1948, la separación de poderes, la igualdad de género, la libertad de culto o la libertad sexual?

Diego de Ojeda es director general de Casa Sefarad-Israel.

* Este artículo apareció en la edición impresa del miércoles, 17 de junio de 2009.

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