El régimen iraní opta por la represión

El Consejo de Guardianes, especie de Tribunal Constitucional iraní, anunció ayer que recontará los votos de las elecciones del viernes, pero rechazó convocar nuevos comicios. Este gesto de flexibilidad contrasta con el atrincheramiento del régimen. Las autoridades han lanzado una campaña de detención de líderes reformistas, cancelado las acreditaciones de los enviados especiales y prohibido cubrir las manifestaciones de la oposición a los corresponsales en Teherán.

Tales medidas apuntan a un enroque del régimen y sustentan la idea de que la revisión del escrutinio, que ya ha sido rechazada por insuficiente por Mir-Hosein Musaví, el candidato perdedor, sólo busca ganar tiempo mientras se desvanecen las protestas.

"Es posible que haya algunos cambios en el resultado tras el recuento", declaró a la televisión estatal el portavoz del Consejo de Guardianes, Abbas Alí Kadjodai, tras anunciar la disposición de esa especie de cámara alta no electa a examinar algunas papeletas. No obstante, Kadjodai precisó que "de acuerdo con la ley, la petición de que se cancele el escrutinio que han hecho

candidatos no se puede admitir".

Tanto Musaví como el candidato reformista Mehdi Karrubí, que son los que pidieron la anulación del voto, rechazan esa solución, según hizo saber ayer una persona próxima a ambos. El día anterior, el mismísimo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, pidió al Consejo, que actúa de organismo de supervisión electoral, que tomara en cuenta las reclamaciones de esos candidatos. Su intervención sorprendió porque el sábado, cuando empezaron las primeras protestas, salió en defensa del reelegido presidente Mahmud Ahmadineyad.

No está claro si la intervención de Jamenei ha sido un intento de proteger la legitimidad del Estado, o si la máxima autoridad de la República Islámica se ha visto sorprendida por la magnitud de las protestas. En cualquier caso, la mayoría de los observadores considera improbable que el líder supremo vaya a aceptar que se cambie un resultado que ya ha avalado públicamente.

"Pueden admitir un error y decir que han sido 21 millones de votos frente a 20, pero eso no cambiaría el triunfo de Ahmadineyad", afirma un analista que pide guardar el anonimato ante lo delicado de la situación. "En realidad puede que ése fuera el resultado inicial, no hay que olvidar que el presidente tiene muchos apoyos en las zonas rurales y entre los sectores más conservadores del funcionariado y las fuerzas armadas", explica esta fuente. Entonces, ¿por qué se hincharon las cifras? "Para humillar a sus opositores, a esa parte del régimen que le ha menospreciado por no pertenecer a las élites gobernantes y haber logrado consolidar un poder que muchos creían fuera del alcance de su cargo".

Los detenidos ayer, Mohamed Abtahi y Said Hajarian, pertenecen a ese movimiento prorreforma que durante cuatro años ha fustigado las políticas de Ahmadineyad. Como la mayoría de los interpelados desde el sábado -que el ministro de los Servicios Secretos, Gholam Hosein Moshení-Ejei, cifró en 26-, son personas que tuvieron cargos importantes en el Gobierno del reformista Mohamed Jatamí, uno de los principales apoyos de Musaví junto al ex presidente Alí Akbar Hashemí Rafsanyaní. Jatamí, según su hermano Reza, que estuvo detenido la noche del sábado al domingo, también pide que se repitan las elecciones.

Otra figura del sistema que está cuestionando lo que sucede es el presidente del Parlamento, Alí Lariyaní, más conocido en Occidente por su papel como jefe del equipo negociador nuclear, del que fue apartado por Ahmadineyad. Lariyaní no es un reformista sino un conservador moderado, pero a pesar de las diferencias ideológicas, comparte con ellos la convicción de que el presidente ha dañado la imagen internacional de Irán con su populismo y su retórica agresiva.

"El Ministerio del Interior es responsable de esto y debe responder por ello. El Parlamento vigilará de cerca el caso", respondió Lariyaní a la agencia estudiantil ISNA cuando le preguntó por los ataques de la madrugada de ayer en la residencia universitaria. Los estudiantes han denunciado que policías antidisturbios y basiyís (milicianos voluntarios) irrumpieron en el campus y suprimieron brutalmente la protesta que estaba realizándose. El lunes en las verjas de la Universidad de Teherán había carteles que denunciaban "el baño de sangre" que, dijeron, fue más grave que el de las revueltas de julio de 1999. En una web cuyo servidor está fuera de Irán se citan los nombres de cinco alumnos que, aseguran, resultaron muertos, algo que el rector, Farhad Rahbar, ha negado.

Los medios de comunicación estatales insistieron sin embargo ayer en que las protestas de los partidarios de Musaví habían dejado siete muertos. Algunos observadores incluso dudan de si existen o si se trata de un elemento más de la campaña de desprestigio que la prensa oficial está llevando a cabo contra los opositores, a los que acusa de ser gamberros que se dedican a destruir la propiedad pública y privada.

Las habituales dificultades de los periodistas extranjeros en este país se agrandaron ayer. A media mañana, una comunicación oficial anunciaba a los enviados especiales que sus acreditaciones habían sido anuladas y que debían organizar su salida del país. Poco después, un fax remitido a los corresponsales permanentes nos prohibía cubrir "cualquier manifestación no autorizada por el Ministerio del Interior". Los equipos de televisión tampoco pueden salir fuera de sus oficinas. La medida carece de precedentes. En 1999, sólo se prohibió la toma de imágenes de la represión de las revueltas estudiantiles.

Relato de Ángeles Espinosa desde Teherán