Retroceder veinte años

Es bien fácil hacer demagogia atribuyendo a una política de austeridad el traslado de las Delegaciones de la Xunta en Buenos Aires y Montevideo a sendos Centros Gallegos, pero se trata de una decisión injusta que deja en manos privadas la gestión de asuntos públicos porque traspasa la responsabilidad de atender a las ciudadanas y ciudadanos gallegos a instituciones que tienen un carácter estrictamente privado, por más que sean lugares con mucha historia o con grandes méritos en algunos casos. Hagamos el ejercicio de empatía de ponernos en la piel de los que viven allá imaginando ese tipo de soluciones aquí.

Aprovechando el reajuste de las delegaciones de la Xunta, vendan los inmuebles que las acogen para revertir al erario público una buena cantidad de dinero a la que habría que sumar el ahorro de su mantenimiento. A cambio, y muy austeramente, lleven la Delegación de la Xunta en Pontevedra al Casino, la de A Coruña a la Confederación de Empresarios y la de Vigo a la sede de la CIG (en este caso el ahorro sería mayor pues las negociaciones para el convenio del metal quedarían más a mano). Resulta absurdo porque supone una deturpación de funciones que recaen -y son indelegables- en el Ejecutivo autónomo, pues, por más que haya personal de la Xunta, el emplazamiento ofrece una lectura y genera unos vínculos inevitables con la entidad receptora. Entonces, ¿por qué se vuelve a dar un trato de segunda a los gallegos de Argentina y Uruguay?

Esa es la decisión que acaba de tomar este Gobierno: despojar a los más de 150.000 gallegos censados en ambos países de un espacio sin colores partidistas, estrictamente institucional, adonde llevar sus pedidos de ayudas, becas, viajes, cursos, igual que hacen aquí: entrando por la puerta de un edificio en el que, sin ningún tipo de dudas, serán tratados con el mismo esmero, sean o no socios de la entidad privada que aporta los locales.

Los Gobiernos de Fraga situaron una pequeña oficina para asuntos de Emigración en el Centro Gallego de Buenos Aires y su funcionamiento siempre estuvo vinculado a representantes públicos y conocidos del PP. Cuando los gallegos de Argentina vieron el funcionamiento de la Delegación creada en 2007, y que tuve el honor de dirigir hasta hace unas semanas, se sintieron tratados equitativamente respecto a los gallegos de aquí. La Delegación de Buenos Aires está muy cerca de la Plaza de Mayo y de la Casa Rosada, perfectamente comunicada por transporte público, e incrementó por cuatro el número de expedientes tramitados en su primer año de funcionamiento. Proyectó una imagen renovada, moderna, transparente y democrática, de la Xunta y de Galicia en su conjunto. Su salón de actos, que dedicamos a la insigne intelectual Maruxa Boga, recibió exposiciones, conferencias, coloquios y múltiples encuentros organizados por la propia Delegación o en colaboración con otras instituciones. Allí convivieron todas y todos, libre y democráticamente. La de Montevideo llevaba sólo seis meses funcionando, pero iba por el mismo camino.

Por Argentina pasaron muchos representantes de los gobiernos local, provincial y nacional de la República, de los Gobiernos de Galicia y de España, artistas, escritores, empresarios, científicos, activistas sociales, de allá y de acá. La Delegación fue un auténtico lugar de encuentro neutral, objetivo, propio, de los gallegos y de las gallegas. De todos, sin que tuvieran que pagar una cuota mensual para pertenecer a un Centro Social, sin que tuvieran que venir recomendados por ningún presidente o presidenta de la colectividad, sin que tuvieran que confesar su filiación política para ser atendidos. Renunciar a ese logro es retroceder más de 20 años. En otoño, Cataluña abrirá una Delegación en Buenos Aires siguiendo los pasos y el modelo de la gallega. Madrid y el País Vasco cuentan con delegaciones de menor rango, pero me consta que Euskadi va a seguir también el camino iniciado por Galicia. El Gobierno actual, en cambio, camina hacia atrás apostando por una decisión que le sentaría mejor a un cangrejo que a políticos comprometidos con el avance de Galicia y de los gallegos, y reduce la categoría de los ciudadanos del exterior, una vez más, al recortarles derechos y garantías.

Si la auténtica razón fuera la austeridad, y no la represalia política contra una ciudadanía que votó mayoritariamente al Partido Socialista de Galicia en las últimas elecciones generales y autonómicas, también tendrían que ir pensando en cerrar la Casa de Galicia en Madrid e instalar las dependencias oficiales de la Xunta en el Centro Gallego de la capital. Total..., barato sí que saldría. Además estaría mucho más justificado porque allí no se hacen trámites oficiales ni tienen el problema de vivir a 10.000 kilómetros de distancia.

María Xosé Porteiro fue delegada de la Xunta en Buenos Aires.