Andalucía y Cataluña se oponen a perder poder de veto en las fusiones de las cajas

Todavía no ha nacido, pero ya está en el centro de la polémica. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha despertado todas las antipatías en la Junta de Andalucía y la Generalitat de Cataluña y tiene riesgos para los grandes bancos españoles. Las dos comunidades rechazan perder el poder de veto a las fusiones de las cajas de ahorro y aseguran que los estatutos de autonomía las amparan.

La Junta de Andalucía anunció ayer que se opondrá a la merma de competencias autonómicas exclusivas sobre las cajas. "No estaríamos de acuerdo con eso", dijo ayer el consejero de la Presidencia, Antonio Ávila, sobre lo que, por el momento, considera una "reflexión genérica" del Gobierno central. De cumplirse esa medida, significaría, por ejemplo, que la Junta no podría impedir una fusión como la que intentó la cordobesa Cajasur, controlada por la Iglesia católica, con Cajamurcia. El Gobierno andaluz dijo que el Fondo podría vulnerar el Estatuto y señaló que Andalucía "no ha sido consultada" por el Ejecutivo central.

La Junta quiere tutelar el proceso de fusión de la cordobesa Cajasur

Los grandes bancos ven riesgos para la competencia en el fondo de ayuda

Desde Cataluña la postura es similar. "La Generalitat está en contra de toda modificación legislativa que reduzca sus competencias en materia de cajas", señalaron fuentes de Economía y Finanzas, recalcando que falta conocer el texto final del Fondo. Para el Gobierno catalán, "siempre ha sido cuestión de principio la buena relación con el Banco de España. Cualquier proceso de reestructuración o recapitalización de una caja sólo será eficaz y viable si se hace en buena sintonía con el Gobierno del Estado, el autónomo y el Banco de España", añadieron.

Tanto el Banco Popular como el Santander advirtieron que hay que evitar que el Fondo "dañe la competencia", según Ángel Ron, presidente del Popular, informa Íñigo de Barrón. Ron solicitó que las ayudas públicas que reciban las entidades vayan acompañadas de un plan de reestructuración. "El Gobierno tendrá que afinar mucho en su regulación para que se respete la competencia", comentó en el curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander. Y Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, apoyó la puesta en marcha "si es para salvar a entidades con futuro".

Según anunció el lunes la vicepresidenta Elena Salgado, el Fondo concederá ayudas temporales a entidades que "tengan problemas pero viabilidad a medio plazo". En las cajas, será con cuotas participativas con derechos políticos y se suspenderán los artículos de la Ley de Cajas que permiten vetar fusiones a las comunidades.

El vicepresidente del Santander, Matías Rodríguez Inciarte, dijo estar a favor del instrumento, pero con condiciones. Sin nombrarlo, enumeró varias. En primer lugar dijo que "sólo se debe ayudar a los que sean viables", pidió que no se elevara la ratio de capital de las socorridas "de forma artificial" y afirmó que la inyección de dinero "debería hacerse a precios de mercado. Es decir, para una entidad con problemas de solvencia debe pagar más". Asimismo exige que "se expliquen con transparencia las estrategias de salida" del Estado, "que debe estar poco tiempo". Y sugirió que las ayudas "no eviten que quienes han gestionado mal paguen un precio". Por último, Inciarte pidió que se utilizara el dinero "para acabar con la capacidad ociosa de la entidad rescatada".

Tanto Ignacio Fernández Toxo como Cándido Méndez, secretarios generales de CC OO y UGT respectivamente, coincidieron en que se debe contar con ellos para el Fondo y se opusieron a las cuotas con derechos "si va a ser un camino para que entren los bancos". Méndez pidió que el Estado se quede en las cajas para favorecer la banca pública.