Cinco comunidades sacan suspenso en Dependencia

Cinco comunidades autónomas suspenden en su gestión de la Ley de Dependencia, algunas estrepitosamente, como Murcia, Canarias, Madrid y Valencia; Extremadura roza el aprobado. El mayor salto lo ha dado Baleares, que ha pasado de un 3,5 en el anterior examen a un 6,5. Y las más avanzadas son Andalucía, Castilla y León y País Vasco, que obtienen un notable muy alto. La Asociación Nacional de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha vuelto a calificar, pasado medio año, la gestión de las comunidades con los mismos criterios que la vez anterior: solicitudes de los ciudadanos, personas evaluadas, normativa desarrollada para poner en marcha la ley, apoyo a los servicios sociales de los ayuntamientos, buenas prácticas, equilibrio entre las prestaciones que se conceden (residencias, ayuda económica), etcétera.

José Ramírez: "La política no puede utilizar como rehén al más vulnerable"

Las autonomías más coordinadas con los municipios funcionan mejor

Por cada uno de esos conceptos les concede cero, medio o un punto. Pasados dos años y medio de implantación de la Ley de Dependencia se observa cómo algunas han ido haciendo los deberes mientras que otras siguen estancadas. Murcia está en la peor situación de todas, ha caído de un 2 a un 0,5: es la única comunidad que aún no ha desarrollado una normativa apropiada para implantar esta ley. La asociación se planteó quitar ese criterio porque ya todas las autonomías lo han satisfecho y posiblemente lo hagan en la siguiente evaluación. De haberlo hecho, la comunidad murciana habría estado por debajo del cero.

"Nos preocupa, en todo caso, la situación de las cuatro últimas, Murcia, Canarias, Madrid y Valencia, porque no sólo siguen figurando en los mismos lugares, sino que apenas mejoran su calificación, evidenciando algo más que problemas técnicos o de financiación", dijo ayer el director de esta asociación, José Manuel Ramírez. "Ningún desacuerdo político puede utilizar como rehenes a los ciudadanos más vulnerables ni especular con el sufrimiento de las personas más necesitadas", añadió. A su parecer, "las comunidades que tienen una mejor coordinación con los ayuntamientos, encargados desde hace 30 años de los servicios sociales, son las que mejores resultados obtienen, las que más ayudas están prestando ya".

En esta evaluación se han corregido algunas desviaciones del informe anterior. Se restaña un error que afectaba a Castilla-La Mancha, que sí utiliza profesionales de los servicios sociales básicos para elaborar los informes sobre las personas que solicitan una ayuda (ha pasado de un 6 a un 7,5) y se recoge la existencia de normativa específica en Cataluña que, a pesar de todo, no consigue mayores progresos que un 5,5.

La asociación valora la oportunidad que se presenta con el nuevo Ministerio de Sanidad y Política Social para mejorar la coordinación sociosanitaria. Entiende que es necesaria en muchos casos, por ejemplo cuando se trata de enfermedad mental, pero recuerda que llevar esta ley por completo al territorio sanitario es inviable: "Muchas de las personas que son dependientes no están enfermas ni usan los servicios médicos más de lo que lo haría cualquier persona. Lo que sí necesitan son apoyos sociales, o sociosanitarios, pero dentro de los servicios sociales que son los que deben constituir el cuarto pilar del Estado de bienestar, no la Ley de Dependencia, como se ha vendido en tantas ocasiones", opinó Ramírez.