Traballo frena las prestaciones en caso de ERE por falta de fondos

La Xunta se ha topado con otro agujero presupuestario. Esta vez compromete una medida impulsada por el bipartito, que fue anunciada por el ex presidente Emilio Pérez Touriño y que los sindicatos todavía esperan como agua de mayo. Iba a ayudar a completar el salario que perciben los trabajadores afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de suspensión temporal para que la prestación pasase del 70% de la base reguladora -que paga la Seguridad Social- al 90%. El incremento del 20% se repartiría entre la Xunta (que pondría un 13%) y las propias empresas.

La orden que la iba a hacer efectiva fue redactada antes de las elecciones y contaba con la aprobación del Consello Galego de Relacións Laborais. Había sido consensuada con las centrales en las mesas de diálogo social a raíz de la lluvia de ERE que el sector de la automoción presentó en los últimos meses del año pasado. Pero, según la Consellería de Traballo, que dirige Beatriz Mato, los 25 millones que hacían falta para ponerla en marcha no aparecen. "No sólo no existían, es que el anterior departamento de Traballo sabía que no tenía dinero, por eso no se aprobó, era humo".

"Ahora no es una prioridad porque no ayudará a crear empleo"

La orden ni siquiera habría cumplido los dos últimos pasos reglamentarios: someterse al dictamen de la asesoría jurídica y al de la intervención. Ahora, con el cambio de gobierno "no es una prioridad porque la medida ni crea empleo ni ayuda a las personas que no cobran ninguna prestación". Aunque la conselleira matiza que en el plan de choque, que Feijóo presentará en las próximas semanas, "no hay nada que no se pueda negociar". "Si los sindicatos lo reclaman, por supuesto que estamos dispuestos a abordarlo", afirmó un portavoz de Traballo.

La responsable del gabinete técnico económico de CC OO, Maica Bouza, recuerda que "el bipartito no autorizó la medida porque superaba ampliamente el presupuesto de la dirección general de la que dependía".

La versión del ex conselleiro Ricardo Varela está en las antípodas. "Cada día me sorprendo más de la frialdad y la desfachatez con que el señor Feijóo miente para justificar sus decisiones". El acuerdo, según él, "tenía un recorrido y un procedimiento reglado, no es ningún plan fantasma". Incluso "contaba con dos posibles fuentes de financiación": los remanentes de otras consellerías y los 25 millones con que está dotado el Plan Especial de Empleo, que el Gobierno central transfiere este año a Galicia para políticas activas.

"Se ve claramente que esta Xunta no quiere aminorar los efectos de la crisis", atacó el ex conselleiro. "Que no vengan ahora con historias, la orden había sido autorizada por el propio presidente con el visto bueno de la Consellería de Economía e informada favorablemente por Intervención. Sólo faltaba el último paso, llevarla al Consello de la Xunta, y no nos dio tiempo antes de las elecciones porque no es una cosa que se pueda hacer en dos días".

7.400 trabajadores se vieron afectados hasta abril por suspensiones temporales de trabajo debido a la crisis. Todos ellos habrían visto completado su salario porque la orden tenía carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2009.

"También intentamos poner el contador a cero en el paro", añadió. Es decir, que las personas afectadas por un ERE de suspensión no viesen menguados los meses de cobro de la prestación tras un hipotético despido. "Ahí nos dimos cuenta de que presupuestariamente era demasiado y no lo hicimos. Se lo pedimos al ministro de Trabajo y ahora lo está estudiando".

Los sindicatos no lo dan por perdido. "No tenemos conocimiento expreso de que no se vaya a publicar la orden", señalaba ayer José Antonio Gómez, secretario general de UGT.

"La conselleira, con la que hemos estado, no nos ha expresado en ningún momento que vaya a abandonar la medida y por lo tanto tenemos que ser prudentes", añadió.