Una familia denuncia al gobierno de Ferrol por usar la foto de su hijo
La imagen de un niño de seis años ataviado de monaguillo y desfilando en la Semana Santa ferrolana podría salirle muy cara al Ayuntamiento de Ferrol. El padre del menor, Jaime Fuertes Dopico, asegura que la fotografía, que ilustró anuncios, guías y carteles en tirada nacional, dentro de una amplia campaña publicitaria puesta en marcha en abril por el gobierno local para la promoción turística de la ciudad, se publicó sin la autorización paterna. La familia reclama una indemnización de 50.000 euros "por daños morales", uno por cada ejemplar editado.
"Nos llamó un familiar que lo vio en un periódico en Madrid", explica Fuertes. "Estamos indignados porque no se nos pidiera autorización y por los daños que nos hubiera podido causar", argumenta, aunque no oculta "su orgullo" porque el niño "que salió muy guapo". En un escrito del pasado 17 de abril, dirigido al ejecutivo socialista de Vicente Irisarri, la familia del pequeño exige al municipio que reconozca "expresamente" que la imagen principal de la campaña fue difundida "de forma masiva" sin el conocimiento de sus padres. Pide, además, que publique una rectificación, considera que se vulneraron los principios jurídicos que protegen la intimidad de su hijo y presentará una querella "para que esto no le pase al hijo de otro".
Desde el gobierno ferrolano aseguran que la guía se elaboró de acuerdo con la normativa y se limitan a señalar que la denuncia está en fase administrativa. "Todo está correcto: el depósito legal, la titularidad de las fotos y las facturas correspondientes", afirma el edil de Turismo, Ramón Veloso.
El niño, que en noviembre cumplirá siete años, es monaguillo en la cofradía ferrolana de Dolores. En la instantánea, aparece semicubierto con una capucha roja y el rostro inclinado mientras sujeta una cruz de madera. Sus padres autorizaron la cesión de los derechos de imagen "a la Cofradía única y exclusivamente, nunca al Ayuntamiento". Desde el consistorio apuntan que la demanda hay un claro interés económico. El abogado de la familia defiende que "el ayuntamiento tenía la obligación de comprobar si la fotógrafa era titular de los derechos de la foto".
