Feijóo se desmarca de la propuesta de Sanidade contra las listas de espera

El PP rebajó ayer las expectativas que anunció el domingo la conselleira de Sanidade sobre la futura Ley de Garantías que prepara el Gobierno gallego. Farjas aseguró en una entrevista concedida a Faro de Vigo que a cualquier paciente que tenga que esperar más de 60 días para una operación o más de 45 para una consulta y prueba diagnóstica -los plazos que estipula la nueva ley- el Sergas le sufragará la atención en otro hospital, incluso de fuera de Galicia. Pero ayer, los portavoces de Sanidade del Grupo Parlamentario Popular descartaron que cumplir la Ley de Garantías en las listas de espera "obligue" a trasladar pacientes a centros de fuera de Galicia. "La comunidad tiene capacidad suficiente para atender a todos los enfermos", concluyó el diputado Rosendo Fernández.

9.776 personas superan ya los límites de espera para una operación

"Cuando tengamos el diagnóstico, haremos la propuesta", afirma el presidente

Tras las palabras de los diputados del PP, Sanidade evitó ayer ratificar el anuncio de la conselleira. "Se están desarrollando todas las estrategias de atención al paciente en el mínimo tiempo posible y con la máxima calidad", se limitó a explicar un portavoz de la consellería. Y en el caso de que las esperas médicas superen los tiempos máximos, "se establecerá un compromiso de financiación". Y eso es todo. Ni la Consellería ni los diputados del PP explican si el Sergas costeará los traslados de pacientes a los hospitales españoles que elijan, como avanzó Farjas.

Según los últimos datos del Sergas, de 31 de marzo de 2009, 9.776 personas superan el máximo de 60 días de espera por una operación. Y otras 47.345 llevan más 45 días pendientes de una consulta médica. Todas ellas entrarían en el cupo de pacientes a los que la Ley de Garantías aseguraría la atención fuera de Galicia. De hecho, serían algunos más porque el Sergas sólo segrega los datos cada tres meses.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también se cuidó de respaldar a su conselleira. El domingo se limitó a decir que "se buscarán tiempos máximos de espera", pero no precisó nada más: "Vamos a ver cuánto tardamos en conseguir esos objetivos, que en todo caso están claros". Ni una palabra de la posibilidad de trasladar pacientes, con cargo al Sergas, a hospitales de fuera de Galicia.

Ayer, por segunda vez, eludió confirmar los detalles del plan anunciado por Farjas, pero dijo que "establecer un seguro de garantía para las listas de espera es un compromiso", aunque por el momento "se está haciendo un diagnóstico de la situación". "Cuando tengamos el diagnóstico, haremos la propuesta", aseguró, sin aclarar si se refería concretamente al proyecto adelantado por la conselleira.

Para la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, el plan anunciado por Farjas "contribuiría a incrementar la desigualdad" y supondría un paso más en "la extensión de la privatización", además de un "apoyo a grandes multinacionales sanitarias que están abriendo centros en Madrid y Valencia con el amparo de los gobiernos del PP".

Lejos de esclarecer nada sobre el tema, el Grupo Parlamentario Popular hizo gala ayer de su "ineludible" apuesta por una sanidad gallega "cien por cien pública" y acusó a los socialistas de ser "los mayores privatizadores". En primer lugar, por "dejar un déficit presupuestario de 400 millones de euros en la Consellería de Sanidade", de los que 237 corresponden a un gasto destinado a centros del Sergas que "ya estaba autorizado, pero que no tenía presupuesto". Y después, por "incrementar en un 30% las cantidades derivadas a centros privados concertados". Los diputados Rosendo Fernández y Miguel Santalices acusaron además al secretario general del PSdeG, Manuel Vázquez, de ejercer de "defensor" de la sanidad pública por la mañana y de "empresario" de la privada por la tarde. Los parlamentarios se escudan en la sospecha -admitieron no saberlo con seguridad- de que Vázquez es propietario de una clínica en O Carballiño, donde fue alcalde hasta 2005, por lo que "podría incurrir en una incompatibilidad" si tiene este centro a su nombre y, a la vez, el acta de diputado.