Dos alcaldesas, dos talantes
Valencia y Alicante encaran con actitud contrapuesta la ley de memoria histórica
Franco ya no es hijo predilecto de Alicante. Pero aún es alcalde honorario de Valencia. En la primera ciudad se negocian los homenajes a las víctimas del franquismo, en la segunda se rechazan las iniciativas para honrar a los represaliados republicanos de la Guerra Civil. Son actitudes contrapuestas en el debate de la memoria histórica, y ambas conviven en el PP.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lleva pocos meses en el cargo, pero le ha dado tiempo a dar un giro a la actitud de rechazo de su antecesor, Luis Díaz Alperi, hacia las reivindicaciones de los colectivos que trabajan por recuperar la memoria histórica. Alperi quiso mantener los honores a Franco y pidió 25.000 firmas para considerar una moción que borrara al general del cuadro de honor. A Castedo, que nació en 1971, cuatro años antes de la muerte del dictador, le bastó ayer un escueto "la moción queda aceptada" para prescindir del incómodo hijo predilecto y cerrar puertas a nuevas polémicas.
En cambio, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, siempre ha mostrado su rechazo a la ley de memoria histórica. Afirma que abre heridas y divide. Su postura quedó patente en el empeño de construir nichos sobre fosas del cementerio de Valencia donde el Fòrum per la Memòria sostiene que están enterradas víctimas del franquismo. Tras desechar los nichos que podía levantar, según un juzgado, Barberá prometió un monolito para "todas" las víctimas. No se ha puesto. Tampoco ha aceptado ocuparse de la petición socialista de retirar símbolos franquistas de fachadas públicas. Y mantiene a Franco como alcalde honorario.
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