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El fiscal concluye que hubo infección en el 12 de Octubre pero no delito

Una bacteria contagió a 252 personas en la UCI del hospital entre 2006 y 2007

Elena G. Sevillano

Trajo de cabeza a los profesionales del hospital 12 de Octubre durante 20 meses. La bacteria Acinetobacter baumanii, increíblemente resistente a los más diversos antibióticos, contagió entre 2006 y 2007 a 252 pacientes que estaban ingresados en la UCI del centro sanitario, de los que 101 fallecieron. En 18 de los casos, "la muerte fue atribuible a la bacteria", según una investigación que realizaron médicos del propio hospital y que reveló este periódico en mayo del año pasado. La aparición de la noticia puso en alerta a la Fiscalía de Madrid, que inició una investigación de oficio. Las pesquisas han concluido ahora y confirman lo sucedido. Pero, a juicio del fiscal, los hechos no constituyen un delito, por lo que ha tomado la decisión de archivar el expediente.

El centro optó por derribar la UCI y construirla de nuevo
"La actuación de los facultativos fue correcta", concluye el expediente

Las pruebas documentales, asegura el fiscal, "confirmaron efectivamente el contagio de más de 200 personas". En algunos casos, agrega, eso derivó en su fallecimiento. Sobre la base de esta información, remitida por el propio hospital, también se constata "el carácter grave de la dolencia que padecían al entrar en el centro, de ahí su estancia en la UCI".

La Fiscalía de Madrid había pedido en julio de 2008 a la Comunidad de Madrid que le entregara los historiales clínicos de 184 pacientes que estuvieron ingresados en la unidad de cuidados intensivos del hospital 12 de Octubre entre febrero de 2006 y septiembre de 2007.

A partir de esos datos, la Fiscalía encargó a Rafael Herruzo Cabrera, catedrático de Medicina Preventiva de la Universidad Autónoma, y a Vicente Pastor Aldeguer, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, que elaboraran un informe.

Los expertos concluyen, en un documento ratificado el pasado 17 de diciembre, que "la actuación de los facultativos del hospital fue correcta, ya que según iba surgiendo la epidemia se iban adoptando medidas que se iban intensificando, cumpliendo los protocolos de vigilancia preventiva y control de la infección".

Además, el hospital, aseguran, "realizó una búsqueda no sólo de pacientes infectados, también de los colonizados, es decir, de los portadores de la bacteria no infectados".

El informe precisa también que "el caso se complicó porque no se trató de una sola cepa, lo que provocó la existencia de focos de infección varios", según relata el fiscal, Eduardo Esteban Rincón, en su decreto de archivo. Los peritos analizaron el tiempo que tardó en controlarse el brote. Después de luchar contra la bacteria durante 20 meses, en los que fueron probando con diferentes antibióticos, el hospital optó por derribar la UCI y construirla de nuevo.

Ese tiempo está, según el informe, "dentro de los parámetros estadísticamente aceptables, siendo el tiempo y las medidas las que hubiera adoptado cualquier otro hospital". El sindicato CC OO denunció durante meses, especialmente en los peores momentos del brote, la falta de personal y de medidas higiénicas suficientes en el hospital 12 de Octubre.

La fiscal instructora del expediente reclamó un segundo informe a la Clínica Médico Forense, que confirmó la opinión de los peritos y añadió que "la mortalidad causada por la bacteria es difícil de precisar ya que se trataba de pacientes con mal pronóstico, que el bacilo es capaz de sobrevivir largos periodos en superficies secas, lo cual viene a dificultar aún más su erradicación".

La fiscalía concluye que "la actuación del personal médico no ha incidido en la creación del riesgo" y que no fue "determinante en las consecuencias que se produjeron". Por eso, al no apreciar delito, archiva el expediente.

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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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