Nueve líneas de ayuda al aceite

El Gobierno andaluz avanzó ayer al sector oleícola las líneas estratégicas de la futura Ley del Olivar, que el Consejo de Gobierno aprobará en el último trimestre del año. La norma, que los olivareros esperan con impaciencia ante la grave crisis que atraviesan estas explotaciones, primará al olivar tradicional -mayoritario en la comunidad- frente a las nuevas plantaciones de olivar intensivo, incidirá en la promoción de este cultivo para aumentar el consumo en todo el mundo -en la actualidad sólo supone el 3,5% de todas las grasas vegetales- e incentivará los procesos de concentración de la oferta para hacer más fuerte al sector en los mercados internacionales. El aceite de oliva supuso en 2008 el 70% de las exportaciones agroalimentarias andaluzas, con un valor de 1.336 millones de euros.

La consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, demandó ayer el máximo apoyo de todos los colectivos para esta ley, ya que se trata, dijo, de un sector estratégico y clave para la economía y sociedad andaluza. Los cuatro grupos de trabajo, en los que colaboran 80 expertos, creados para elaborar esta ley han arrojado nueve líneas estratégicas que pasan, según enumeró la consejera, por la mejora de la información y percepción de los consumidores sobre el producto; medidas de apoyo a las diferentes explotaciones de olivar; el fomento de la cooperación, asociación y vertebración de los agentes del sector; impulsar la diferenciación de productos del olivar, y el fomento y la promoción del consumo de aceite. Completan estas estrategias el impulso de I+D+I; el establecimiento de una política de aguas que garantice un uso eficiente por parte del sector; la simplificación de la diversa normativa existente, el impulso de actuaciones con un enfoque territorial y las técnicas de producción más sostenibles.

La Junta intentó calmar los ánimos del sector por la grave situación financiera de las explotaciones al anunciar la consejera que la próxima semana se publicará en el BOJA la Orden de incentivos a la concentración de la oferta en la industria agroalimentaria andaluz, que estará dotada con 120 millones de euros.