Los médicos antiabortistas no decidirán interrupciones tardías
Uno de los problemas que deberá solucionar la ley es qué ocurre con los diagnósticos tardíos de malformaciones fetales. En principio, este tipo de anomalías se suelen detectar antes de la semana 22, plazo máximo para interrumpir el embarazo por esta razón. Pero no siempre ocurre así. Hay casos en los que se detectan graves enfermedades cardíacas o neurológicas con posterioridad, y algunas son tan graves que pueden implicar que el bebé sea un completo vegetal con una exigua esperanza de vida. Las españolas en esta situación están acudiendo ahora a Francia a abortar. El anteproyecto de ley presentado ayer por Bibiana Aído propone un modelo similar al francés, con comités clínicos para decidir sobre la conveniencia de la intervención, de los que no podrán formar parte médicos que estén en contra del aborto.
Después de la semana 22 sólo se podrá abortar si el feto tiene anomalías "incompatibles con la vida" que consten en un dictamen emitido por dos médicos especialistas o cuando se le detecte una enfermedad "extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico" y así lo confirme un comité clínico formado por varios especialistas. La misma fórmula que utiliza la ley francesa de 1994.
Un comité por autonomía
Los comités que prevé el Gobierno estarán formados por dos ginecólogos o expertos en diagnóstico prenatal -uno de ellos elegido por la mujer-, un pediatra y un psicólogo clínico, y tendrán que pronunciarse con carácter urgente sobre la solicitud de la embarazada.
Tendrá que haber al menos un comité por comunidad autónoma, dentro de la red sanitaria pública, y los miembros serán designados por las autoridades sanitarias competentes. En España las competencias en salud las tienen las comunidades autónomas, algunas gobernadas por partidos en clara oposición a la reforma de la ley del aborto e incluso a la propia práctica en sí, por lo que, para evitar que la eficacia de los comités quede anulada por médicos antiabortistas, el anteproyecto recoge expresamente que no podrán formar parte de él quienes se hayan manifestado contrarios a este tipo de intervenciones.
Aparte de Francia, también Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Austria y Reino Unido recogen en su legislación la posibilidad de interrumpir el embarazo en cualquier momento en casos de enfermedades incurables y de extrema gravedad del feto.
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