La Iglesia y el PP arremeten contra el anteproyecto de ley del aborto un día después de su aprobación

Un día después de la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley del aborto que contempla la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha reiterado este viernes que su partido recurrirá el anteproyecto del Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) por ser "contrario" a la Carta Magna. El presidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha pedido "que no se le niegue a ningún concebido de mujer el derecho a nacer".

"Dejar nacer a los hijos es el primer y fundamental deber del amor al prójimo, del amor al más necesitado", ha proclamado Rouco en su homilía en una misa en honor de San Isidro, patrón de Madrid, a la que ha asistido el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. Rouco ha señalado que es "una grave obligación de conciencia de todos los implicados -familiares, amigos, instituciones privadas y públicas- que se ayude generosa y eficazmente a las madres que conciben a sus hijos, no para que sean eliminados, sino para que puedan darles a luz". "Si no se respeta escrupulosamente el derecho de todo ser humano a la vida, desde su concepción hasta su muerte natural, nos quedaremos sin el fundamento ético imprescindible para poder edificar un orden social y jurídico digno de ser llamado y considerado humano, justo y solidario", ha manifestado.

Mariano Rajoy, en el acto de presentación del programa electoral con el que el PP concurrirá a los comicios europeos del próximo 7 de junio, ha indicado que la normativa aprobada ayer en el Consejo de Ministros, y que ahora deberá ser estudiada en el Congreso por los grupos parlamentarios, es "puro oportunismo político" y está hecha para "distraer de lo que en este momento es importante", las consecuencias de la crisis económica. Además, ha afirmado que es "inaceptable" que los padres no sepan que su hija de 16 años ha podido decidir abortar. El texto sitúa en los 16 años la mayoría de edad para decidir sobre la interrupción voluntaria del embarazo sin necesidad del consentimiento paterno.

El Gobierno cuenta, en principio, con los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante el anteproyecto. Cambiar la regulación actual obliga a modificar el Código Penal, una ley orgánica, por lo que se requiere la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados: la mitad más uno de los diputados -176 votos favorables-. El PSOE tiene 169 escaños y los tres partidos que apoyan la reforma, Esquerra Republicana, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Bloque Nacionalista Galego, suman siete, de modo que entre todos obtienen los 176 votos necesarios.