Los sindicatos rechazan la nueva ley de cajas de Madrid

El Gobierno de Esperanza Aguirre aprobó ayer su nueva versión de la ley de cajas, en la que se recorta el poder del Ayuntamiento de Madrid en la asamblea de Caja Madrid. En el nuevo texto, Aguirre rectifica las posibles ilegalidades de la anterior versión, que habían sido impugnadas por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC). El proyecto aprobado ayer cuenta con el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid, si bien los sindicatos CC OO y UGT han mostrado en dicho organismo su rechazo a algunos puntos de la reforma.

El Gobierno central anunció ayer, por boca de su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que retirará su recurso ante el TC si se confirma la rectificación de Aguirre.

El Gobierno central se plantea retirar su recurso ante el Constitucional

La retirada del recurso puede ser clave en el proceso de renovación de los órganos de gobierno de Caja Madrid. Si bien el Gobierno sólo ponía objeciones a dos puntos específicos, el propio CES admite en su dictamen que "la totalidad de las modificaciones legales han sido suspendidas de aplicación y vigencia".

Entre esas modificaciones están la que daba en la práctica a Aguirre poder de veto para la reelección de Miguel Blesa como presidente de la entidad y la que permitía la aplicación retroactiva de la norma al proceso electoral abierto en la caja. En caso de ser aprobado el nuevo proyecto y retirado el recurso del Gobierno central, esas disposiciones adquirirían vigencia.

Para tratar de que la nueva ley se aplique cuanto antes, Aguirre dará sólo un mes de plazo para que apruebe unos nuevos estatutos adaptados a la nueva norma, una vez sea aprobada.

La nueva versión de la ley de cajas reduce drásticamente el poder del Ayuntamiento de Madrid en la asamblea de la caja. El grupo municipal de Alberto Ruiz-Gallardón tendrá poco más de una veintena de representantes de los 320 consejeros generales de la caja. En cambio, tendrán presencia en la asamblea más de 20 ayuntamientos de la mayor parte de las comunidades autónomas. El PP reforzará su mayoría entre los representantes municipales, pero a costa de Gallardón y de otros consistorios madrileños. Habrá municipios de la Comunidad que no estén representados en Caja Madrid, pese a tener un mayor volumen de depósitos que otros de otras comunidades que sí tendrán consejeros generales. Aguirre también toma un mayor control de los representantes de entidades representativas y da un mayor peso a organizaciones empresariales y universidades privadas.

En su voto particular del CES, los sindicatos cuestionan esas modificaciones de la distribución de consejeros y también critican que la ley se proponga "sin que se haya producido un proceso de diálogo y de búsqueda de consenso que recupere la estabilidad" en la caja.