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Columna
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El violonchelista sin tejado

Eran otros tiempos, e incluso a los ciudadanos se les pedía que tocaran música por la calle. Ocurrió por ejemplo en Málaga en 1982, cuando el por entonces alcalde Pedro Aparicio publicó un bando en el que solicitaba a los ciudadanos que supieran cantar o tocar algún instrumento que demostraran sus habilidades en la calle. En él se ordenaba a la policía no sólo que no se reprimieran esas manifestaciones, sino que las protegieran, siempre que no causaran molestias en las horas de descanso. Las ciudades se desperezaban tras una larga dictadura y los alcaldes intentaban devolver la calle a la ciudadanía.

Ahora que la calle es ya de todos, aquí no hay quien descanse. Y los alcaldes se han puesto a legislar contra el ruido. Por eso, ahora, en vez de animosos bandos se dictan ordenanzas que legislan el ocio a golpe de multas, pero sin ofrecer soluciones. Hace unos meses en Málaga, la policía se personó en el domicilio de un joven por la denuncia de un vecino. El hombre estaba desesperado ya que trabajaba de noche y necesitaba descansar de día. El área de Medio Ambiente levantó un expediente con multa de hasta 600 euros. ¿Qué falta o delito había cometido este joven? Sencillamente, tocar el violonchelo. Lo hacía en casa, ya que los lugares de ensayo son privados y caros y él pretendía entrar en la Joven Orquesta de Andalucía. En el expediente se detallaba lo que los agentes constataron el día que se personaron en la vivienda: "Desde la escalera se escuchaba el sonido de un instrumento musical". La prueba del delito.

Este caso, aunque algo especial, no es único. El Ayuntamiento de Málaga tramita casi un millar de denuncias por incumplir la ordenanza de ruidos. Unas 200 se corresponden con gritos en la calle, 164 son expedientes por electrodomésticos ruidosos y otras por tocar instrumentos en casa. La sanción por gritar en la calle puede rondar los 300 euros si es de día y alcanzar los 450 si uno lo hace por la noche, por lo que se deduce que, a media tarde, estará en torno a los 375 euros. Desconozco el método que tiene la policía para medir un grito, y sobre todo, para constatarlo. A no ser que el agente llegue y te diga: "Vuelva usted a gritar como antes, que le vamos a medir el grito".

El Ayuntamiento también ha encontrado una solución para aquellos que gritaban y luego salían corriendo. Y ha establecido un mecanismo de sanción dependiendo del medio de transporte utilizado para la huida. Hace unos días, aprobó la nueva ordenanza de Movilidad, cuya principal novedad es que, a partir de ahora, ir en patín por la ciudad más rápido que un peatón supondrá hasta 60 euros de multa. Una sanción que afecta igualmente a patinetes, monopatines o triciclos. ¿Pero cuál es la velocidad de un peatón?, se preguntarán. La ordenanza lo deja claro: "El equivalente a ir andando". Y, entonces: ¿para qué sirve un monopatín si hay que ir como si se fuese andando?

El documento está lleno de confusiones. En el caso de los ciclistas, los límites son similares, pero se exige que circulen por carriles bici o itinerarios señalizados, medida harto difícil de aplicar en Málaga ya que no existe un solo carril bici en la ciudad. Yo no entiendo a algunos ayuntamientos. En vez de poner medidas para limitar el consumo de alcohol entre los jóvenes, crean botellódromos. Y en vez de poner carriles bici o crear circuitos para disfrutar del monopatín o la bicicleta, ponen multas. Si el Ayuntamiento de Málaga se gasta 1,6 millones de euros al año para cortar una calle los fines de semana donde los jóvenes pueden hacer el botellón, no entiendo por qué no se habilita un lugar para que toque el violonchelista, aunque sólo sea un tejado. Y un protestódromo, para poner el grito en el cielo, sin riesgo a que a uno le multen, después de que una universidad haya elegido a Julián Muñoz para dar un curso sobre la corrupción. No vale ahora con quitarlo.

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