Hondarribia, el dilema

El aeropuerto de Hondarribia sigue pendiente de definir su futuro. Todavía se encuentra abierto el debate sobre la ampliación de su pista de vuelos para adecuarla a la normativa internacional de Aviación Civil. La reserva de 150 metros en cada extremo para sendas franjas de seguridad dejarían la pista en 1.454 metros, lo que limitaría la operatividad de determinados aviones. El Ministerio de Fomento ha ordenado a AENA, el ente gestor de los aeródromos nacionales, que agilice la elaboración de un informe que determine las opciones que caben en Hondarribia para no limitar su actual funcionamiento.

El estudio podría estar acabado este mismo mes de mayo. Entre las posibilidades que están siendo analizadas por un equipo de expertos en aviación se encuentran prolongar la pista en 300 metros hacia el barrio de Mendelu, la ampliación en 150 metros en cada cabecera de la misma o dejar la plataforma de vuelos como está en la actualidad, sin áreas de seguridad.

La primera tiene el inconveniente de que podría condicionar o invalidar el desarrollo urbanístico que el Ayuntamiento de Irún prevé junto a Mendelu. La segunda plantea la pega de que obligaría a ocupar parte de la desembocadura del río Bidasoa en uno de los extremos y acercaría la pista a territorio francés. La tercera obligaría a acogerse a una "excepcionalidad" prevista por Aviación Civil, consistente en no implantar las franjas de seguridad apelando a las dificultades económicas, técnicas y de impacto ambiental que ocasionaría la reforma, algo que ya sucede en otros aeropuertos internacionales.

La cuestión permanece irresuelta desde que en 2001 el Gobierno central, entonces en manos del PP, aprobase un Plan Director que preveía alargar 600 metros la pista hacia el barrio de Mendelu, lo que fue recibido con críticas de vecinos, instituciones y partidos políticos. En 2006, el Gobierno ya socialista aprobó un nuevo Plan Director que renunciaba a la ampliación y dejaba la pista en sus dimensiones actuales.

Tampoco esta decisión ha conseguido concitar hasta la fecha el consenso necesario. Las instituciones vascas (Gobierno y Diputación guipuzcoana) la criticaron porque supone en la práctica reducir la longitud en los 300 metros que exige la normativa de seguridad. La llegada de los socialistas al Ejecutivo autónomo podría allanar el camino hacia una solución definitiva. El desbloqueo de esta situación también figura entre las prioridades del nuevo consejero de Transportes, el guipuzcoano Iñaki Arriola.