El juez ordena liberar a los piratas y rechaza entregarlos a Kenia

La Armada espera "una decisión definitiva de las autoridades" sobre los detenidos

La misión de lucha contra la piratería, que la Armada española desarrolla en el Índico, junto a otros muchos países, corre el riesgo de convertirse en un fiasco debido a las discrepancias en el seno de la Audiencia Nacional.

Tras haber acordado el jueves su prisión provisional y traslado a España, el juez Fernando Andreu ordenó ayer, obligado por una nueva petición del fiscal, la puesta en libertad de siete piratas que el petrolero español Marqués de la Ensenada rescató el pasado miércoles en aguas del Golfo de Adén, después de que supuestamente intentasen secuestrar a un buque con bandera panameña.

En la misma situación se encuentran los otros siete asaltantes a los que el petrolero capturó el jueves -con dos pistolas y un lanzagranadas, además de abundante munición-, cuando intentaban abordar un mercante maltés, tras realizar disparos intimidatorios para evitar su fuga.

La fiscalía modificó su postura tras una llamada de Asuntos Exteriores
Un asaltante herido fue llevado ayer en helicóptero al hospital de Yibuti

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El Marqués de la Ensenada navegaba ayer rumbo a Yibuti, a la entrada del Mar Rojo, con el objetivo de desembarcar a los piratas para que fueran trasladados por vía aérea a España. Según fuentes de Defensa, el helicóptero del buque se adelantó ayer y llevó a dicho país a uno de los piratas, que tenía una herida grave en el abdomen cuando fue detenido, para que fuese intervenido en el hospital militar francés.

El cambio de criterio de la Audiencia produjo perplejidad en Defensa, que tuvo que cambiar los planes sobre la marcha. Fuentes militares explicaron que Yibuti no estaba dispuesto a aceptar a los piratas mas que en tránsito y que la opción más clara sería llevarlos a Somalia, pues se identificaron como somalíes. El derecho del mar impide dejarlos en un bote en aguas internacionales, donde fueron capturados. Fuentes de Defensa insistieron anoche en que los miembros de la Armada española están cumpliendo "con absoluta eficacia" su misión contra la piratería y se encuentran a la espera de "una decisión definitiva de las autoridades" sobre el destino de los detenidos.

Miembros del Gobierno indicaron, por su parte, que en ningún caso serán puestos en libertad en Somalia. Una opción sería desembarcarlos en Kenia como detenidos, si prospera el recurso que probablemente presentará el fiscal, o como deportados, si se mantiene su libertad.

La nueva decisión de Andreu vino obligada por el cambio de postura de la fiscalía, que el jueves había solicitado la prisión provisional -luego acordada por el juez- por delitos tan graves como detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas. Ayer, sin embargo, solicitó que se revocara esa medida, como paso previo para su entrega a Kenia, en virtud de un acuerdo entre dicho país africano y la UE.

El juez rechazó la entrega a dicho país de los piratas y acordó su inmediata puesta en libertad, "por imperativo legal y en absoluta disconformidad" con la medida que tuvo que adoptar. En su auto, Andreu recuerda "la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos [...] la indiscutible competencia de este órgano judicial [...] y el no previsible, sino absolutamente probable riesgo de fuga que concurre en el presente caso".

El problema radica en quién debe juzgarlos. El jueves, juez y fiscal coincidían en que la competencia recaía en la Audiencia, en aplicación del Convenio de la ONU sobre el Derecho del Mar y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero ayer la fiscalía reclamó la entrega a Kenia basándose en un canje de notas entre dicho país y la Unión Europea "sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería", detenidas en el marco de la Operación Atalanta de la UE en el Índico. "Procede entregar a las personas detenidas a las autoridades competentes de Kenia a fin de continuar el procedimiento judicial", alegó.

Pero Andreu adujo que esa decisión "quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías" de los acusados y supondría saltarse la Constitución, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Extradición Pasiva, que exigen que los tribunales "sigan una serie de trámites procesales que en ningún caso pueden obviarse" para la entrega de detenidos.

Según el juez, el canje de notas con Kenia -firmado el 6 de marzo y pendiente de ratificación por las Cortes- "no puede afectar a personas inmersas en un procedimiento judicial a las que se ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y respecto de las cuales se han adoptado medidas cautelares". Es decir, la prisión provisional.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguraron ayer que el cambio de postura se decidió tras recibir una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores en la que se informaba de la existencia del pacto de la UE con Kenia e insistieron en que, al tratarse de un "acuerdo ejecutivo", podría ponerse en práctica al margen del procedimiento judicial. Un portavoz de la Fiscalía General del Estado aseguró que la responsabilidad de la liberación sería sólo del juez.

El auto de Andreu es, sin embargo, taxativo. Asegura que, debido al cambio de la fiscalía, "no cabe otra medida que acordar la libertad provisional" de los presuntos piratas que, agrega, "será comunicada a la autoridad bajo cuya custodia se encuentran", es decir, el Ministerio de Defensa, "a fin de que se proceda inmediatamente a dar curso a la misma". Sea de quien sea la culpa, los piratas siguen a bordo del Marques de la Ensenada. Ayer mismo, la fragata francesa Nivoise entregó a Kenia a otros 11.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 08 de mayo de 2009.

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