La política social naufraga

Cada vez son más numerosos los colectivos sociales que pasan de la irritación a la denuncia pública y de ésta a manifestarse y sacar a la calle su indignación por las políticas del Consell.

Ayer fue el turno de los familiares y beneficiarios de la ley de la Dependencia. Las calles de Alicante, Alzira, Castellón, Crevillent, Valencia, Castellón, Santa Pola o Xàtiva fueron el escenario de un homenaje a las 6.400 personas que han fallecido antes de recibir asistencia en la Comunidad Valenciana debido a "la incompetencia de la Generalitat Valenciana en la gestión y aplicación de esta importante ley". Y la protesta no acabó ayer, sino que sirvió de prólogo de la movilización que tendrá lugar en Valencia el día 16.

"La gente está harta, se abre un proceso de negociación y no se avanza"

Las quejas por la lentitud en la aplicación de la ley de la Dependencia llegan poco después de la huelga general que paralizó el sistema educativo público. El paro docente reveló el malestar que arrastra el sector desde el principio de curso por la forma elegida por el Consell de impartir Educación por la Ciudadanía. El boicot que se pretendía hacer al dar la asignatura en inglés fue la espita que hizo estallar el malestar acumulado por las deficiencias estructurales de la red educativa pública. Más recientes, del miércoles pasado, son las protestas organizadas por las asociaciones de familiares y de personas con salud mental por el retraso en el pago de la Consejería de Bienestar Social tanto a ellos como a entidades de discapacitados físicos. Sólo el sector sanitario se salva de la primavera caliente que sufre el Consell.Las mayores concentraciones por la "incompetencia" del Consell en la aplicación de la ley de la Dependencia tuvieron lugar ayer en Valencia y Alicante. Varios centenares de personas se manifestaron frente al Palau de la Generalitat, donde se rindió homenaje a las familias de los 6.400 dependientes fallecidos antes de llegar a recibir las ayudas y se citó a todo el mundo para la "gran manifestación" que habrá en Valencia este sábado. "El Gobierno valenciano es el responsable de que todas estas personas no hayan tenido a su disposición los recursos que precisaban", comentó un portavoz de la protesta de Valencia.

El lema Camps boicotea nuestros derechos. Dignidad, igualdad y justicia social. ¡Ley de Dependencia ya! presidía el acto. Algunos de los asistentes también llevaban pancartas con el lema 6.400 morts (des)esperant y las fotografías de sus familiares fallecidos. En Alicante unas 300 personas, entre afectados y familiares, se concentraron ayer ante la delegación del Consell en la ciudad.

El malestar también aumenta día a día entre el sector educativo valenciano. La Plataforma per l'Ensenyament Públic concedió un margen de tregua para negociar y desconvocó las protestas previstas en diciembre. Pero pasó el tiempo y no hubo avances. El malestar del sector se midió el pasado 28 de abril cuando las aulas se quedaron vacías y miles de valencianos se manifestaron contra la política del Consell. La manifestación en Valencia logró reunir a unas 28.000 personas, en Alicante unas a 12.000 según los organizadores y más de 4.000 según la policía, y en Castellón salieron a la calle unas 5.000 personas.

"La gente está harta, se abre un proceso de negociación y no se avanza, pero los problemas aumentan", admite Ismael Vicedo, portavoz de la Plataforma en Alicante, que anuncia un acto reivindicativo en Valencia para el sábado 13 de junio, una vez celebradas las elecciones europeas, y protestas para el último día de curso.

La sintonía entre las movilizaciones sociales de estos dos colectivos, ambos unidos contra las políticas del Consell, ha dado como resultado la unidad de acción. La Plataforma en defensa de la ley de la Dependencia se ha unido a la Plataforma per l'Ensenyament y acudirán juntos a la movilización de junio.

Otro sector en pie de guerra es el de las asociaciones de familiares y personas con enfermedad mental, y el de las entidades que atienden a discapacitados. El motivo es el retraso en el pago de las subvenciones de Bienestar Social para el funcionamiento de estos servicios.

En el caso de los centros de discapacitados, ya se han comenzado a aportar los pagos a aquellas que funcionan con concierto, aunque no las que dependen de líneas de subvenciones, como apuntaban ayer desde CC OO.

Peor lo tienen las 27 asociaciones que atienden a unas 2.000 personas con enfermedad mental. "Nos encontramos con una situación de retraso injustificable en el pago de las subvenciones que jamás había ocurrido desde 1993", indicaba recientemente Rafael Juan Cloquell, presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Comunidad Valenciana (Feafes).

El representante de estas entidades se refiere a la extraordinaria demora que están sufriendo este año a la hora de cobrar el primer adelanto de las subvenciones (el 60% del total, unos 34 millones entre todas las entidades). Bienestar Social ha postergado la tramitación de ayudas dos meses, lo que supone un grave perjuicio a la estabilidad financiara de estas entidades, que subsisten los primeros meses de año a base de créditos bancarios hasta que llega el dinero.

El resultado ha sido que las asociaciones han reducido servicios y adeudan una media de dos meses de salario a sus trabajadores, mientras Bienestar Social les asegura que pagará la próxima semana.

Y todo ello en el Año de la Solidaridad, en conmemoración por parte de la Generalitat del 600º aniversario de la creación del primer psiquiátrico en Europa por el Padre Jofré. Toda una ironía.