Trabajo cerrará un edificio de Sevilla en contra del Ayuntamiento
La Delegación provincial de Empleo y la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno central, decidirán hoy el futuro del edificio municipal de Sevilla afectado por unas obras anexas y que está clausurado desde el 20 de abril. Aunque la medida será adoptada hoy, el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, avanzó ayer que el inmueble tendrá que seguir clausurado "casi con toda seguridad" porque los técnicos consideran que hay deficiencias.
El estado de este edificio, ubicado en la calle Diego de Riaño y donde trabajan más de un centenar de personas, ha merecido en los últimos días opiniones enfrentadas del Ayuntamiento y la Junta. El gobierno local decretó el miércoles su reapertura al amparo de dos informes de la Delegación de Edificios Municipales y uno de los Bomberos.
Tras conocer la decisión, el delegado de Empleo convocó ayer a una reunión a la Concejalía de Recursos Humanos, el Comité de Empresa y técnicos de la Inspección de Trabajo y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales (de la Consejería de Empleo). Este departamento emitió esta semana un informe que recomendaba la clausura del ala izquierda del edificio, unas dependencias que, según el Ayuntamiento, están cerrada desde hace cuatro años.
Nuevos informes
Tras la reunión de ayer, los técnicos visitaron el inmueble y accedieron a zonas en las que no habían entrado en inspecciones anteriores. La Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de riesgos Laborales pondrán hoy en común los informes que cada uno elaboró después de la visita y tomarán una decisión.
Fuentes del caso citadas por Europa Press aseguraron que la Junta decretará el cierre, aunque el delegado de Empleo prefirió esperar a ver los informes. Existe la posibilidad de que los técnicos circunscriban el peligro al ala ya cerrada, pero Rivas se mostró "partidario" de, si esto ocurre, clausurarlo entero.
El Ayuntamiento, por su parte, sostuvo ayer que los informes garantizan la seguridad. Según el gobierno local, no hay peligro de derrumbe, aunque sí se reconocen algunas deficiencias, por lo que se ha abierto un proceso urgente para terminar en seis meses un nuevo inmueble que albergue los servicios municipales que se ubican en el afectado.
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