El TSJ frena un plan para hacer 12.000 viviendas por falta de agua

Año y medio después del parón inmobiliario, los tribunales valencianos siguen goteando autos contra los macroproyectos urbanísticos surgidos al calor del boom de la construcción. Ayer le tocó a uno de los PAI más grandes: el Nou Mil·leni, en Catarroja, donde están proyectadas 12.000 nuevas viviendas -que el concierto previo elevó más tarde a 13.500-, la mitad de protección pública.

La sección Primera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) atendió el recurso del abogado del Estado y suspendió de manera cautelar la ejecución del PAI hasta que la sala se pronuncie sobre el fondo de la impugnación.

El Estado recurrió hace meses este PAI porque sus promotores no acreditaron la existencia de agua suficiente para atender el crecimiento de la población que traerá el plan. Con Nou Mil·leni, Catarroja doblaría su actual población, unos 29.000 habitantes.

Los promotores habían reactivado hace poco el plan tras meses parado

La Confederación Hidrográfica del Júcar se pronunció desfavorablemente "porque con los datos aportados [por la promotora] es imposible emitir un informe". En el auto, la sala reconoce que los pozos y derechos alegados no suman los 4,8 millones de metros cúbicos de agua precisos.

La Generalitat ha anunciado un recurso de súplica contra el auto en un plazo de cinco días, confirmó una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente. Wilson Ferrús, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Catarroja, se mostró satisfecho con la resolución judicial y recordó que la formación local tiene también recurrido el proyecto y pedida la suspensión cautelar. "Esperamos un pronunciamiento en los próximos días", avanzó.El proyecto urbanístico, parado durante meses por los embates de la crisis inmobiliaria, lo aprobó la Generalitat a finales de abril de 2007, con el voto negativo del Estado. Además del problema hídrico, la CHJ mostró sus dudas acerca de si había suficientes colectores para canalizar las aguas residuales o si el proyecto preveía verter aguas superficiales al barranco del Poyo, que desemboca en l'Albufera.

Cuando el proyecto parecía dormido -la suspensión de pagos de Llanera estuvo a punto de dar al traste con el PAI-, la promotora formalizó hace poco ante el consistorio los 142 millones de euros de fianza para sacarlo adelante. El proyecto de urbanización ha acabado la exposición pública, no así el de reparcelación, que ha tenido que repetirse por un defecto de forma.

El auto de ayer paraliza el plan para evitar que el complejo empiece a construirse y la sala resuelva que no hay agua. Esta resolución reitera que los informes de las confederaciones hidrográficas no pueden obviarse. Pese a todo, el Consell ha ignorado desde 2005 y 2007 este requisito en la tramitación de 129 urbanizaciones.

Tribunales y urbanismo se entremezclan también en el Ayuntamiento de El Verger. El equipo de gobierno municipal, del PP, ha denunciado ante la Fiscalía del TSJ el presunto trato de favor que habría recibido del anterior ejecutivo local -formado por el Bloc y el PSPV- la promotora Constructoras Conca para edificar en 2005 unos 60 apartamentos, informa Arturo Ruiz.

Se trata de la misma urbanización por la que ya está imputada la ex alcaldesa de Dénia, la socialista Paqui Viciano, a la que se le acusa de un presunto delito de prevaricación por haber vendido un camino catastral para hacer factibles las obras.

Aunque las viviendas se construyeron en Dénia, se conectaron al alcantarillado de El Verger y, según afirma ahora el alcalde de la población, el popular Miguel González, esta última operación también se realizó de forma irregular: así, la promotora solicitó la conexión de "forma verbal" sin que mediara expediente, abonó el canon antes de que fuera aprobado por la comisión de gobierno y sólo pagó por el mismo 600 euros por vivienda -un total de 6.000 euros- cuando otras urbanizaciones abonaron 1.720 euros por apartamento, con lo que la promotora se habría ahorrado más de 97.000 euros.