Zabaleta opta por tres independientes para dirigir Empleo y Asuntos Sociales

El deseo del nuevo lehendakari Patxi López de sumar consejeros independientes a su Gobierno se va materializando también en los segundos niveles. Es el caso del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, cuya futura responsable, Gemma Zabaleta, ha elegido a personas sin carné del Partido Socialista para dirigir las áreas clave de su cartera: Fernando Fantova para Políticas Sociales, y Pablo Ángulo para Formación, Empleo e Inserción. Aún queda pendiente la Viceconsejería de Trabajo, pero la consejera tiene la firme intención de que la lleve otro independiente. Entre los nombres que se barajan se encuentra el de Carlos Zapatero, inspector de Trabajo.

Los retos a los que se enfrenta esta consejería son de envergadura, como la gestión de las políticas activas de empleo -sobre todo las oficinas del Inem- cuando se materialice su transferencia desde el Gobierno central, un empeño personal de Patxi López, y el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales, una de las normas más trascendentes aprobadas la pasada legislatura y que fue pactada entre los socialistas y el Gobierno tripartito.

Fernando Fantova se hará cargo de la Viceconsejería de Políticas Sociales

Pablo Angulo será el viceconsejero que gestionará las políticas de empleo

Para este cometido, Gemma Zabaleta ha elegido como viceconsejero de Políticas Sociales a Fernando Fantova (Bilbao, 1961), que cuenta con una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de todo tipo de programas relacionados con la exclusión social, intervención socioeducativa, organización y gestión de proyectos sociales. Licenciado en Psicología y doctor en Sociología, desde finales de los años noventa trabaja como consultor independiente sobre intervención social, gestión estratégica de organizaciones y políticas públicas. Y desde esta labor de consultor ha colaborado con el Gobierno vasco en varios proyectos.

El objetivo de la Ley de Servicios Sociales pasa por convertir los tres sistemas asistenciales de las diputaciones forales, que en la actualidad son diferentes, en una red para todo el País Vasco basada en principios comunes. Las prestaciones deberán ser las mismas en los tres territorios y ofrecerse en las mismas condiciones. Estarán recogidas en un catálogo oficial y serán un derecho objetivo de los ciudadanos, es decir, que serán exigibles ante los tribunales y ningún gobierno, sea del signo que sea, las podrá recortar. Algunos servicios deberá costearlos el beneficiario de acuerdo con su nivel de renta, lo que se conoce como el copago.

Zabaleta ha unificado en esta viceconsejería todo lo relacionado con el área social, que en el anterior Gobierno aparecía disperso en varias carteras.

La Viceconsejería de Formación, Empleo e Inserción estará dirigida por Pablo Angulo, un profesor de la Universidad del País Vasco que en la actualidad desarrollaba su trabajo en la Fundación Vasca para la Ciencia-Ikerbaske, adscrita al Departamento de Educación y volcada en la captación de investigadores para el sistema científico vasco. El inmediato cierre del traspaso de las políticas activas de empleo es uno de los objetivos que se ha fijado Patxi López para luchar contra la crisis y una encomienda que recaerá sobre Angulo.

Esta competencia ha sido una cuestión sobre la que nunca se han puesto de acuerdo las administraciones central y vasca. Las políticas activas de empleo incluyen la intermediación y colocación en el mercado de trabajo, el fomento del empleo, la contratación laboral, la formación continua de los trabajadores y la profesional. Detrás de la desavenencia figura la permanente disconformidad del anterior Ejecutivo vasco con el sistema de financiación de estas políticas ofertado por el Gobierno central y la negativa de éste a tocar la caja única de la Seguridad Social. Para los socialistas resulta básico disponer de esta competencia lo antes posible para proteger el empleo frente la crisis.

A la Viceconsejería de Trabajo también le espera un importante reto con la autorización de expedientes de regulación de empleo. Los sindicatos ya han advertido de que el futuro del diálogo social está en juego en el caso de que el Gobierno apruebe expedientes sin el respaldo sindical. La recualificación de la población activa (en la actualidad sólo el 15% realiza cursos de formación) es una de las prioridades de Zabaleta.