Pedraz imputa 203 muertes en Tíbet a tres ministros chinos

Permítame viajar a su país para interrogar a tres de sus ministros. Eso es lo que, en esencia, solicitó ayer al Gobierno chino el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El magistrado aprecia indicios de delito en la actuación de los titulares de Defensa, Lian Guanglie; de Seguridad del Estado, Geng Huichan, y Seguridad Pública, Meg Jianzhu, al haber ordenado presuntamente junto con otros cargos militares y del Partido Comunista Chino "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil tibetana" desde el 10 de marzo de 2008. Esos actos de represión causaron 203 muertes, más de 1.000 heridos y 5.972 detenciones ilegales.

La decisión de Pedraz llega en medio de una lluvia de críticas contra los casos de jurisdicción universal. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, pidió el lunes una reforma legal que limitara este tipo de asuntos. El Gobierno tampoco la ve con buenos ojos tras varios choques diplomáticos con los países investigados.

En la Audiencia hay abiertas 14 causas de justicia universal que afectan a ocho países

El juez Pedraz, que inició su investigación en agosto, tres días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Pekín, considera que los hechos que se imputan a esos tres ministros, al secretario del Partido Comunista Chino en Tíbet y al general al mando del Ejército en Lhasa, la capital de esa región autónoma, constituirían un delito de lesa humanidad "dada la supuesta causación intencionada de muerte o lesiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de normas internacionales y las torturas denunciadas" contra la población tibetana. Esa población constituye "un colectivo perseguido" por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos o religiosos "inaceptables con arreglo al derecho internacional".

Por otro lado, Eloy Velasco, en cuyo juzgado ha recaído la querella presentada contra los juristas que idearon la prisión ilegal de Guantánamo -entre ellos el ex fiscal general de George W. Bush, Alberto R. González- solicitó ayer a EE UU que le informe sobre si existe alguna investigación penal por esos mismos hechos en ese país antes de decidir si abre su propia causa. Velasco considera, sin embargo, que debe ser EE UU el que investigue esos crímenes por la nacionalidad estadounidense de los querellados y por el mejor acceso a las pruebas en ese país. Si Velasco abre finalmente la investigación, lo hará en contra del criterio del fiscal que, el 17 de abril, pidió el archivo porque los querellados eran "simples asesores sin responsabilidad de decisión" que redactaron "informes no vinculantes", pero no adoptaron decisiones ejecutivas.

La Audiencia Nacional mantiene vivas en sus seis juzgados de instrucción un total de 14 causas de jurisdicción universal que afectan a dirigentes de ocho países, entre ellos Israel, Ruanda, Guatemala, El Salvador o Marruecos.