Afer pone como aval su fábrica de pisos para pagar una deuda fiscal

El pulso entre el presidente del grupo empresarial y constructor Afer y la Diputación de Vizcaya prosigue. Jabyer Fernández negó ayer cualquier apropiación de fondos por el impago del IVA de una operación urbanística, del que ha sido acusado por varios de sus ex socios, ya que ha solicitado un aplazamiento del abono de esta cantidad (43 millones de euros) sobre el que debe decidir la próxima semana la Hacienda foral. Entre las garantías ofrecidas por Fernández para pagar la deuda figura el proyecto de la fábrica de pisos de Alonsotegi que apadrinó la propia Diputación y el plan de negocio que suponía la compra por la institución foral de 1.500 de estas viviendas.

La polémica surgida entre la empresa y la Diputación -un episodio inédito entre un grupo que suma 1.500 empleados y la segunda institución mas poderosa de Euskadi- ha abierto además una seria división interna en Afer, con la denuncia de siete ex consejeros de Iurbentia, una de las empresas del grupo, contra Fernández por desviar 62 millones de euros, 43 de ellos correspondientes al IVA del plan urbanístico de Lutxana. La empresa tuvo que vender por problemas económicos los terrenos de que disponía allí y donde iba a construir 2.000 viviendas en la mayor promoción inmobiliaria de Euskadi. Entre los denunciantes figura el actual presidente del Athletic, Fernando García Macua.

"En ningún caso puede haber delito si se reconoce la deuda", aduce

Fernández, quien la víspera acusó por escrito al diputado general, José Luis Bilbao, de querer hundir su empresa y le implicó en una supuesta falsificación documental para rescindir el contrato de una obra encargada a Afer, volvió ayer a arremeter con suma dureza contra la máxima autoridad vizcaína por sus "presiones constantes y abusos de poder de todos conocidos". Respecto al impago del IVA en la operación de Lutxana, aportó la petición de aplazamiento de esta liquidación presentada el pasado viernes ante la Hacienda foral "por la falta de liquidez transitoria" en Afer.

Por ello, señala que el impago "en ningún caso puede ser constitutivo de delito desde el momento que existe vocación de reconocimiento de la deuda y voluntad de pago". Fernández cree que la denuncia responde a "una estrategia global de calumnia y daño" contra él y su grupo "orquestada desde la Diputación" que pretende eludir el compromiso foral de facilitar a Afer los terrenos en Alonsotegi para la proyectada fábrica de pisos. "Existe constancia de las presiones ejercidas desde la más alta instancia de la Diputación hacia miembros del Consejo de Administración de Iurbentia para que, en primer lugar, pongan en marcha, una denuncia contra Jabyer Fernández y acto seguido la hagan pública a los medios de comunicación".

La petición del aplazamiento del IVA fue respondida el pasado 27 de abril por Hacienda, concediendo diez días, que expiran el próximo miércoles, para que presente avales e hipotecas.

El constructor ha ofrecido como garantía el propio proyecto de la fábrica de pisos y el compromiso de los 1.500 que debía comprarle la Diputación, con lo que trataría de visualizar el compromiso foral con el proyecto, desaparecido por decisión personal de Bilbao, según acusa el empresario. Fernandez precisa en su escrito de ayer que 11 empresas de su grupo han tenido inspecciones de la Hacienda foral "en un mismo día" y que varios ayuntamientos peneuvistas han presionados para que Afer agilice promociones urbanísticas con la amenaza de ejecutar los avales presentados.

La Diputación siguió ayer sin entrar en la polémica y afirmó que se dedicará a solventar la rescisión de los cuatro proyectos, por más de 35 millones en total, que estaban adjudicados a Afer.