El juez archiva la querella del PP por la autovía del Barbanza

Fue durante meses el principal argumento de oposición del PP. Feijóo acusó a la Consellería de Política Territorial y al anterior presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de urdir "prácticas corruptas" en la adjudicación de la autovía del Barbanza. El juez decano de Santiago, Franciso Javier Míguez Poza, el mismo que en febrero de 2008 admitió a trámite, con un auto incendiario, la querella que presentó el PP, la archiva un año después, al no hallar indicios de delito. Para que los haya, reza el auto, "no es suficiente una mera irregularidad administrativa (...) sino que la contradicción del acto con el ordenamiento legal tiene que ser patente, clamorosa y flagrante".

Un razonamiento muy parecido al que hizo el Ministerio Fiscal el pasado junio cuando solicitó el archivo de la querella por considerar que "no existen elementos mínimamente suficientes como para proseguir las actuaciones penales". Durante diez meses, Francisco Javier Míguez Poza desoyó la petición del fiscal y mantuvo imputados a los cuatro cargos del bipartito. Entretanto, el PP siguió con su campaña. "Tiene a la mitad de la consellería imputada", clamaba Feijóo en los mítines.

Un año antes, los populares habían acudido a la vía penal con una denuncia que atribuía "prevaricación, tráfico de influencias, maquinación por alterar el precio de las cosas y negociaciones prohibidas" a los cuatro representantes del bipartito. Apenas tres semanas después de recibir la denuncia, el juez se apresuró a tomar declaración a los imputados. Faltaban cuatro días para las elecciones generales del 14 de marzo. Y el PP, con su secretario general, Alfonso Rueda, a la cabeza, volvió a aprovechar la foto para atacar a Caride y Touriño.

En este tiempo, el PP acusó al bipartito de "beneficiar" en la concesión de la obra a una filial de Sacyr en perjuicio del Grupo San José. Ahora, el auto judicial considera que aunque el cambio de criterio de la Administración puede resultar "chocante y sorprendente, (...) debe entenderse que no es una actuación prevaricadora". Primero, porque "no alcanza los calificativos que exige la jurisprudencia" y segundo, porque "la Mesa de Contratación no puede prevaricar".

El dictamen del PP concluía que la decisión de Política Territorial encarecería en "cerca de 28 millones de euros" el coste de la obra. El informe técnico lo había firmado un viejo conocido de Feijóo, Agustín Hernández, número dos de su consellería durante el último Gobierno de Fraga y actual conselleiro de Medio Ambiente e Infraestructuras. Lo firmó como técnico independiente pese a estar en nómina de la Diputación de Pontevedra, un detalle de su currículum que no contó al juez.

Míguez concluye en su auto que "no existe atisbo alguno [de delito] en todo el procedimiento, ni siquiera para analizar la posible existencia de conductas dudosas" de ser infracciones penales. "Es más, sería absurdo", añade. El juez considera también "absolutamente insustancial, irrelevante e inocua" la intención del PP de ampliar la querella a raíz de las declaraciones de los cuatro imputados. "Coincidiendo con el Ministerio Fiscal, [la ampliación] no puede estar más huérfana de trascendencia penal".