Xenofobia tras un modelo fracasado

Las cosas no van bien. La respuesta de la Diputación de Guipúzcoa al conflicto de los menores extranjeros no acompañados no satisface ni a vecinos ni a ayuntamientos ni a las asociaciones que trabajan con este colectivo, probablemente uno de los más frágiles y más propensos a caer en la marginalidad y en la delincuencia por su carencia de redes sociales que les sustenten. Fuentes municipales reconocen que "esperan poco" de la reunión interinstitucional del próximo miércoles con el ente foral, que se ve desbordado por un problema al que ninguna institución en España ha encontrado soluciones, si se tiene en cuenta la trayectoria hasta ahora. En paralelo, el estigma de la xenofobia, propiciada por la sucesión de titulares que asocian a estos jóvenes con la delincuencia, ha destrozado meses, años incluso, de trabajo para reducir la brecha entre estos jóvenes y la sociedad de acogida. Todo esto, a pesar de que el grado de delitos cometidos por algunos de ellos, al menos en San Sebastián, no ha aumentado de forma significativa, según fuentes judiciales.

"Tratarles bien no da votos. A nosotros nos piden mano dura con ellos"

Los delitos no han aumentado de forma signiticativa en San Sebastián

Una sospecha permanente parece haberse instalado sobre el comportamiento de los menores extranjeros no acompañados en Guipúzcoa. Lo que relatan tanto los tutelados como los que viven en la calle desde que cumplieron la mayoría de edad desconcierta por su dureza. La Ertzaintza, por ejemplo, no dudó en acabar por la fuerza con uno de los refugios, con colchones y mantas, que tenían estos chavales debajo de un puente, según relatan varios de ellos de forma independiente. Si no tienen billete, algo que los vigilantes de seguridad se encargan sistemáticamente de pedirles, no tienen derecho a estar en cualquier estación de tren. Si llevan un móvil encima demasiado bonito, es probable que les insten a presentar la factura, porque algunos agentes dan por sentado que lo han robado. Basta con echar un vistazo a los comentarios anónimos dejados bajo las noticias de los medios digitales sobre los menores que se fugaron del centro de Deba después de denunciar malos tratos ante la justicia para ver que la solución evocada suele estar más cerca del "que se vayan a su país", que de cuestionar la eficacia del proyecto de acogida para los casos más complejos.

"Tratarles bien no da votos, pero sí puede quitártelos cuando empiezan a molestar y los vecinos no ven que actúas en consecuencia. A nosotros nos piden mano dura con ellos ¿qué vamos a hacer?", reconoce el concejal de un ayuntamiento guipuzcoano. Los principales cauces por los que los municipios recaban información sobre el comportamiento de estos menores suelen ser la Policía y los vecinos -en Igeldo, el pasado año, varios indicios apuntaron a que algunos vecinos prendieron fuego a un futuro centro de acogida para impedir que los menores fuesen trasladados allí-.

"El policía suele estar en contacto con las situaciones más conflictivas, con la anormalidad. Y los vecinos suelen tener sus angustias, a veces justificadas, pero no convirtamos lo anormal en la norma", reclama Gorka Moreno, investigador del Observatorio Vasco de la Inmigración y profesor de Trabajo Social en la UPV. "Los datos afirman que la abrumadora mayoría de estos jóvenes no dan problemas", añade."Cuando empecé a leer del tema de los delitos cometidos por los menores fugados del centro de Deba me puse a preguntar. Y resulta que no, que está pasando lo mismo que antes, sólo que ahora sale en los periódicos", señala una abogada que suele defender a estos chavales. Fuentes judiciales lo confirman: "Una cosa son los menores que Diputación considera que son conflictivos y otra los que comenten delitos. La alarma no está justificada judicialmente hablando. No ha habido en San Sebastián un aumento significativo, además del habitual por el aumento de la población. La alarma se ha generado porque se ha querido, a raíz de la creación de centros como el de Deba".

Es probable, destaca Moreno, que a medida que aumente la proporción de población inmigrante en Euskadi también aumenten los roces y una percepción menos favorable hacia ellos. "La valoración de responsabilidad moral que se tiene con respecto a un colectivo es la que marca el concepto de ciudadanía estipulado en las leyes, que diferencian entre quienes tienen derecho a votar y quienes no. Es la legislación de extranjería la que marca quién se termina considerando nuestro", explica. Moreno también hace una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación, recordando que, al trasladar a la opinión pública sólo las situaciones negativas, se termina reforzando el estigma con el que estos chavales tienen que vivir.

"Cuando leo las noticias estas sobre menores que abren coches, me río. Me río porque yo hacia lo mismo cuando estaba en un piso tutelado. Todas las cosas que hacían estos ya las hacíamos nosotros. Bueno, yo no llegué a tener que robar para comer. Si Diputación me hubiese dejado en la calle, haría probablemente lo mismo que ellos", explica Leire, que vivió durante muchos años en un centro de menores tutelada por la Diputación y se siente reflejada en la rabia que destilan varios de los jóvenes extranjeros. "¿Que en los centros hay varios chavales que son unos hijos de puta? Seguro. Pero a muchos los convierten en hijos de puta", concluye.

La sensación de abandono que acompaña a algunos de los casos considerados irrecuperables por la Diputación hace mella. Los que terminan en la calle, bien porque son trasladados a Deba y terminan fugándose, o porque cumplen los 18 años y terminan en la calle, sienten que no le deben nada a nadie.

"¿Tú sabes lo duro que es verlos en la calle? Serán unos cabrones, pero en el fondo les admiro, por cómo aguantan. Cuando llega el momento de despedirse, sabes que tú te vas a dormir calentito a tu cama y que ellos se van a quedar allí... Hasta quita el sueño a veces", explica un educador marroquí que ha sabido ganarse su confianza. La Diputación asegura que dos tercios de los chavales terminan siendo acompañados hacia la mayoría de edad con recursos de emancipación. Varios educadores cuestionan esta cifra: "Es mentira: tendrán poco más de 40 plazas. Las guardan sólo para los que mejor se portan; los demás tienen que buscarse la vida cuando cumplen 18".

No todo el mundo ha tirado la toalla con los que están en la calle. Un grupo de voluntarios de SOS Racismo realiza regularmente actividades con estos jóvenes magrebíes, para escuchar sus angustias, compartir un té y para dejarles claro que hay gente a quienes les importa su situación. Para muchos es el único vínculo que les sigue uniendo a esta sociedad. Un poco de té caliente, unas galletas, una baraja española y mucho tabaco son el pretexto utilizado para hacerles olvidar sus demonios. Gran parte de los voluntarios tienen alguna vinculación con el mundo del trabajo social.

"¿Sabes lo importante que es para nosotros que alguien nos escuche? Los problemas nos desbordan, no sé ni donde empezar. Vine a ver si podía ahorrar para hacerme una casita en Marruecos, conocer a una novia... y aquí estoy", resume Jaouad, que vive en la calle, indocumentado y sin vislumbrar una salida a su situación. A pesar de todo ello, volver a Marruecos no es una posibilidad contemplable para él. Para todos, evocar el retorno es ponerle nombre al fracaso. Allí ha calado la imagen de que triunfar en Europa es fácil, que lo difícil es cruzar la frontera. "Y los que vuelven de vacaciones nunca dicen la verdad. Algunos estamos aquí viviendo como perros, pero después no nos atrevemos a decirle la verdad a la familia. Si la gente supiera lo duro que es esto, no vendría".

Algunos llevan más de un año viviendo en la calle. Uno de los que le acompaña explica que lleva en Europa desde los nueve años: "Estuve tutelado por la Diputación, cumplí los 18 años, tenía el permiso en regla y todo, pero no encontré trabajo y me caducó".