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COLUMNA

Una petición razonable

Esta misma semana La Vanguardia pedía a Mariano Rajoy en su editorial del jueves que tuviera el gesto de retirar el recurso de inconstitucionalidad que interpusieron en su día más de cincuenta diputados del PP contra el Estatuto de Autonomía para Cataluña. Desde ese día, en el periódico se está realizando una encuesta entre los lectores, en la que una clara mayoría se muestra de acuerdo con la petición formulada en dicho editorial.

Me temo que la petición caerá en saco roto, pero no debería ser así. Es verdad que la reforma aprobada inicialmente por el Parlamento de Cataluña resultaba constitucionalmente inaceptable, pero de la reforma definitivamente aprobada tras la negociación entre el Parlamento proponente y las Cortes Generales, que fue sometida a referéndum de los ciudadanos de Cataluña, no se puede decir lo mismo. No hay en el Estatuto preceptos anticonstitucionales y, en el caso de que hubiera algunos cuya constitucionalidad pudiera ser dudosa, sería perfectamente posible hacer de ellos una "interpretación conforme con la Constitución", que es una de las técnicas de interpretación constitucional comúnmente aceptada en la jurisdicción constitucional de todos los países democráticos.

El daño al Constitucional puede ser aún mayor si tiene que dictar sentencia sobre el Estatuto catalán

Josep Piqué propuso, inmediatamente después de que fuera aprobada la reforma del Estatuto en el Parlamento de Cataluña, que su partido participara en el debate que se iba a abrir sobre el mismo en las Cortes Generales, adelantando que, tal vez, los argumentos que no habían conseguido abrirse camino en el primero podrían hacerlo en las segundas. Y no andaba descaminado. La revisión que se hizo del texto aprobado por el Parlamento de Cataluña fue intensa y en algunos extremos se hacía eco de posiciones que había mantenido el PP en dicho Parlamento. De haber participado el PP en la negociación, posiblemente se habría podido alcanzar un acuerdo todavía más satisfactorio desde una perspectiva constitucional. Desgraciadamente, el PP no siguió el camino sugerido por su dirigente catalán y formuló su recurso de inconstitucionalidad como si el texto definitivamente aprobado por las Cortes Generales y sometido a referéndum fuera el mismo que el que aprobó inicialmente el Parlamento de Cataluña. Ello le condujo a interponer un recurso desmesurado, que es prácticamente una enmienda a la totalidad al Estatuto reformado.

El resultado de la interposición de un recurso formulado en esos términos no ha podido ser más negativo prácticamente para todo el mundo, pero especialmente para el órgano que tiene que resolverlo: el Tribunal Constitucional. No es posible que un órgano que carece de legitimación democrática directa pueda resolver un recurso como el que interpuso el PP, sin que su legitimidad democrática se resienta. La carga política del recurso es de tal magnitud que no hay órgano jurisdiccional que pueda soportarla. El daño que se le ha hecho al TC ha sido enorme. La guerra de las recusaciones que se desató para conseguir una mayoría favorable contra la reforma estatutaria, llegó a ser esperpéntica, de la misma manera que no está resultando menos esperpéntico el retraso en la renovación parcial del órgano, que amenaza extenderse casi tanto como se extendió la renovación del Consejo General del Poder Judicial en la pasada legislatura y que en este caso puede tener consecuencias todavía peores.

El daño que se ha hecho ya es enorme, pero puede ser todavía mayor si el TC tiene que dictar definitivamente sentencia. No creo que la sentencia del TC, sea la que sea, vaya a producir un sólo efecto beneficioso. Y, sin embargo, creo que sería mucho lo que ganaríamos todos si el TC no tuviera que pronunciarse y pudiéramos dejar atrás, como si de una pesadilla se tratara, lo que ha ocurrido desde que el recurso se interpuso.

No creo que nadie debidamente informado en el PP pueda esperar mucho de la sentencia del TC. La distancia entre el recurso interpuesto y la sentencia va a ser enorme. Y sin embargo, el daño añadido que se le puede hacer al TC sí puede ser notable. La sentencia, en las condiciones que va a ser dictada, sólo puede hacer perder más legitimidad todavía al TC. Si no tuviera que dictarla, no se produciría por ello una recuperación de legitimidad, pero sí se frenaría su deterioro.

La retirada del recurso permitiría poner fin a un debate que nunca debería haberse producido en los términos en que se ha producido y proporcionaría mucha tranquilidad tanto en Cataluña como en toda España. El PP va a tener que gobernar, cuando le llegue su momento, con el Estatuto tal como está o casi tal como está, porque la sentencia no le puede afectar mucho. La propuesta de La Vanguardia me ha parecido razonable y creo que todos, y el PP sobre todo, saldríamos ganando si fuera atendida.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de abril de 2009