Demasiada intimidad

Como quien se cae desde un sexto piso y al pasar por el cuarto exclama: por ahora voy bien. Así está reaccionando Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, y, tras él, su partido, tanto en el ámbito nacional como en el regional, ante lo que va sabiéndose de sus presuntas relaciones con la terminal valenciana de la trama de corrupción organizada por Francisco Correa, en la que están implicados numerosos cargos del partido. Camps expresó el miércoles su satisfacción por la decisión del Tribunal Superior de Valencia, que la víspera se había declarado competente para instruir la parte del sumario en la que aparece imputado por un supuesto delito de cohecho. Su satisfacción se debía a que "ya tengo un sitio donde contar la verdad y acallar tantas mentiras".

En el sumario abierto por el juez Garzón se da por establecido que la empresa Orange Market, que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, cabeza visible de la derivación valenciana de la trama, pagó las facturas de varios trajes a medida adquiridos por Camps por un importe de más de 12.000 euros. Camps negó en su momento la acusación, aunque nunca ha presentado ni se ha comprometido a presentar facturas de esos trajes. Tampoco ha ofrecido una explicación alternativa a la que sin mucho esfuerzo se deduce de los indicios existentes y ni siquiera ha facilitado una versión que incluya posibles atenuantes. Se limita a negar y decir que hablará donde y cuando corresponda.

Pero entretanto, ayer mismo se conocieron, merced a su revelación por este periódico, unas grabaciones que figuran en el sumario y que muestran la estrecha relación entre Camps y El Bigotes: ambos hablan con gran familiaridad (y en términos que parecen sacados de una obra del género chico) de unos regalos de Pérez al presidente de la Generalitat y su familia. Regalos que deben ser valiosos, o al menos caros, porque la mujer del político le dice al donante que se ha "pasado 20 pueblos", hasta el punto de haber considerado la posibilidad de devolverlos.

La investigación abierta determinará si hay delito o no; si los trajes y demás regalos son una forma de pago en especie por un trato de favor en la contratación de actividades diversas en favor de Orange Market (por un importe de más de cinco millones de euros desde que Camps es presidente). Pero con independencia de esa dimensión judicial, hay otra, política, ineludible: ¿Puede seguir gobernando alguien sometido a un deterioro tan brutal de su imagen pública? ¿Qué credibilidad conserva quien demuestra una proximidad tan íntima con los organizadores de una trama de corrupción?

El PP prefiere no plantearse la cuestión y mirar al dedo en lugar de la luna: "No comentamos filtraciones del sumario". Parecen estar a la espera de un milagro: que, como en el caso Naseiro, aparezca en el último minuto un defecto de forma que permita anular el proceso, un tendedero de ropa que detenga la caída al vacío.