El debate sobre las torturas amenaza el cambio de Obama

Intentando escapar a la presión de la izquierda y la derecha en relación con la polémica sobre las torturas, Barack Obama quiere desviar la posible investigación sobre sus responsables políticos hacia una comisión bipartidista, cuyo trabajo podría ser más aceptable para la opinión pública norteamericana y supondría un riesgo menor de que este episodio, fácilmente catalogable como revanchismo por los rivales del presidente, ponga en riesgo otros asuntos capitales del programa reformista de la Casa Blanca.

"No quiero prejuzgar los acontecimientos, pero me preocupa que esto se politice tanto que no seamos capaces de funcionar correctamente, incluso que perjudique nuestra capacidad para conducir nuestras operaciones de seguridad", ha advertido el presidente norteamericano.

La Casa Blanca llama la atención sobre la politización del asunto

Varios expertos advirtieron contra el uso de estas prácticas

Algunos métodos proceden del plan de adiestramiento de la guerra de Corea

Obama claramente se está resistiendo a la idea de algunos dentro de su propio partido de abrir una causa general contra la anterior Administración. Consciente de que eso constituye un peligro enorme de hipotecar el trabajo de toda su presidencia, Obama ha insistido siempre en su deseo de "mirar hacia adelante y no hacia atrás".

Este fin de semana, su jefe de Gabinete, Rahm Emanuel, se manifestaba inequívocamente en contra de procesar a responsables del anterior Gobierno por su posible relación con torturas. "No podemos gastar nuestra energía en mirar al pasado", afirmaba en un programa de televisión. El propio director de Inteligencia Nacional, Dennis Blair, admitía en una carta conocida ayer que "las tácticas duras en algunos interrogatorios a miembros de Al Qaeda había permitido obtener información altamente valiosa".

Los principales aliados de Obama en el Congreso, de forma paralela, intentaban poner freno a los intentos de algunos de sus colegas de acelerar las investigaciones sobre el equipo de George W. Bush pese a las señales enviadas por la Casa Blanca de que prefería centrarse en su compleja agenda presupuestaria. Ayer mismo, con ocasión del Día de la Tierra, el propio presidente viajó a Iowa, un Estado símbolo de su conexión con los problemas inmediatos de los norteamericanos, para insistir en que su prioridad son asuntos como la reforma energética y medioambiental.

Obama conoce el potencial explosivo que encierra un asunto como la investigación del Gobierno anterior. Las últimas encuestas advierten, peligrosamente, de que, aunque su popularidad es muy alta, la división partidista sobre la opinión del presidente está alcanzando cotas históricas. Un asunto como llevar a los tribunales a figuras de la Administración saliente, mucho más si eso se hace con el respaldo de Europa y de la ONU, puede convertirse en un verdadero bumerán que destroce esta presidencia.

La presión de la izquierda demócrata no ha decrecido por ello. Ayer, un día después de que Obama aceptara la posibilidad de una investigación sobre quienes autorizaron las torturas, la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, Dianne Feinstein, del sector liberal del partido, insistía en que esa investigación debe quedar en el Congreso, donde los demócratas cuentan con una amplia mayoría que les permite un control estricto de los acontecimientos.

Obama, sin embargo, es partidario de conducir esa investigación, en el caso de que fuese necesaria, a través de una comisión bipartidista e independiente, similar a la que analizó los ataques terroristas del 11 de septiembre. Una comisión podría conseguir un apoyo mayor entre la opinión pública. Al mismo tiempo, y como no puede ser de otra manera, el presidente ha dejado en manos del fiscal general, Eric Holder, la posibilidad de actuar como considere oportuno contra los arquitectos del sistema de interrogatorios de los últimos años, entre ellos los abogados del Departamento de Justicia que avalaron su legalidad, Steven Bradbury, Jay Bybee y John Yoo, y en última instancia los propios ex presidente y ex vicepresidente, Dick Cheney.

Mientras tanto, se van acumulando pruebas sobre la actualización ilegal en esos interrogatorios. Un informe del Congreso hecho público ayer afirma que las técnicas de extrema dureza fueron utilizadas por militares y agentes de la CIA a pesar de numerosas advertencias de que podrían estar cometiendo actos ilegales.

El senador demócrata Carl Levin, presidente del Comité de Fuerzas Armadas, aseguró que este informe "representa tanto una condena de los métodos de interrogación de la Administración de Bush como de los altos funcionarios que trataron de esquivar la culpa sobre lo ocurrido en Abu Ghraib, Guantánamo y Afganistán".

Algunos de esos métodos, según informaba ayer The New York Times, habían sido sacados del plan de adiestramiento de los soldados norteamericanos en la guerra de Corea, a los que se preparaba para soportar, si caían prisioneros, las torturas a las que podrían ser sometidos por el Ejército de China.

La Casa Blanca estudia ahora cómo manejar todas esas revelaciones de forma que no perturben la agenda política del presidente, lo que no es nada fácil. A la presión de la izquierda demócrata y las organizaciones humanitarias se suma la de los demócratas conservadores y los republicanos, que acusan a Obama de haber provocado esta situación con la publicación, la semana pasada, de los informes que probaban las torturas.

Ese sector critica ahora a Obama por haber puesto en peligro la seguridad nacional y le insiste en que diga claramente cuál va a ser su próximo paso. "En estos momentos vivimos en medio de una gran confusión", dijo ayer el jefe de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell.

Pero el presidente quiere hablar de cómo crear empleo, no de Bush, e intenta ganar tiempo para que la polémica actual se difumine o sea canalizada de una forma bipartidista y, por tanto, más serena y controlada.