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El plan fiscal del PP reducirá en 200 millones los ingresos de la Xunta

El nuevo Ejecutivo confía en que su plan de austeridad compense las pérdidas

La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, no puede perder de vista una de las reformas más anunciadas por el PP durante la campaña electoral: la bajada de los impuestos. Ella será la encargada de diseñar unos recortes que tendrán efectos significativos sobre los Presupuestos, ya que la caída de la recaudación rondará los 200 millones de euros. La cuenta, una estimación realizada tomando como base la previsión de ingresos de este año, equivale a multiplicar por dos, por ejemplo, el dinero que destinará a inversiones reales la Consellería de Educación; es cuatro veces superior a todo lo dedicado a fomento de lectura, conservación de museos y compra de libros en todas las bibliotecas de Galicia y suma casi la mitad de lo que costará la Cidade da Cultura.

El PP replica que la rebaja del IRPF beneficiará a 600.000 gallegos

El recorte será, según el PSdeG, de "50 euros por contribuyente"

Pese a ello el PP cree que las nuevas rebajas servirán para atacar la crisis porque "inyectarán dinero al bolsillo de los gallegos". Su plan incidirá en tres de los tributos directos más importantes que recauda la comunidad autónoma: el 33% del IRPF, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos Documentados. Un recorte que los empresarios también estiman "fundamental" para impulsar la economía y atraer inversiones, en especial si se enfocan en los emprendedores. El presidente, Alberto Núñez Feijóo, tiene en mente aplicar la vieja receta conservadora para contraer la presión fiscal un 8,2% en el IRPF, de lo que se beneficiarán las familias cuyas rentas se encuentren en el primer tramo de la escala del impuesto. Esto significa un hachazo a las arcas públicas de alrededor de 110 millones de euros. Distribuido entre los ciudadanos, para el portavoz parlamentario socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, se quedará en un "insolidario" descuento de 50 euros por contribuyente. El encargado del programa económico del PP, Pedro Puy, replica que beneficiará a los 600.000 gallegos "con menos ingresos", lo que según él "tendrá efectos directos en el consumo, porque ese dinero se traducirá en gasto". Puy enfrenta con su argumento la criticada rebaja de 400 euros aprobada el año pasado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se tradujo en más ahorro y no en un mayor consumo.

En el caso del impuesto de sucesiones el detalle de la reforma es por ahora desconocido, pero irá en consonancia con lo que han hecho otras autonomías gobernadas por el PP, como Valencia, Madrid o Baleares. Según un informe realizado por el Instituto de Estudios Fiscales, las comunidades que más han recortado el impuesto, entre las que se encuentran las citadas, han llegado a perder un 60%. Traducido al caso gallego, la recaudación pasaría de los 135 millones a sólo 55. Y eso pese a que la última reforma de este tributo todavía está caliente. Se aprobó en mayo del año pasado y supuso un importante recorte de las cargas para las familias con rentas más bajas.

En el caso de la tasa sobre transmisiones, el Partido Popular prometió meter la tijera y reducir el tipo aplicable del 7% al 4%, lo que beneficiará a los menores de 35 años y a las familias numerosas en el traspaso de viviendas de segunda mano, con un saldo medio de 6.800 euros por operación. La tasa sobre actos jurídicos se recortará para los jóvenes pasando del 0,75% actual al 0,5%.

Para cuadrar las cuentas con este nuevo escenario, la conselleira de Facenda tendrá que hacer encaje de bolillos si no quiere recurrir al endeudamiento. Eso sin contar con que las medidas pueden convertirse en munición política en contra de Galicia cuando se negocie la financiación autonómica. Porque, ¿cómo se justifica en Madrid la necesidad de más dinero para sufragar los servicios si por otro lado se pretende recaudar menos en casa? "Es una variable independiente", argumenta Puy, "Galicia tiene autonomía fiscal, y la financiación autonómica debe servir para sufragar los servicios públicos básicos. Son cosas distintas". No lo ve así el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Caramés: "No va a ayudar. Estamos en un momento en que otras comunidades van a poner toda la carne en el asador".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de abril de 2009